El observatorio de agresiones contra sanitarios propondrá “acciones concretas” en los centros “con mayor incidencia”

El observatorio contra las agresiones al personal sanitario público de Andalucía podrá proponer “acciones concretas” en aquellos centros de salud de la comunidad en los que haya “mayor incidencia” de casos, además de impulsar el desarrollo de medidas de protección y prevención recogidas en el plan del sistema sanitario público. En 2023, se contabilizaron 1.564 agresiones en Andalucía. Este observatorio se reunirá “como mínimo” dos veces al año en sesiones ordinarias o a propuesta “al menos” de la tercera parte de los miembros.

Así aparece recogido en el borrador de decreto que la Consejería de Salud y Consumo va a presentar este próximo martes 9 de julio a los centrales sindicales Satse, CSIF, CCOO, UGT y SMA en la mesa sectorial convocada para analizar además el plan de verano y el borrador de decreto para regular la autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos con fine de investigación biomédica.

“Las agresiones en el ámbito sanitario tienen un importante impacto no sólo en la esfera de los derechos fundamentales de los profesionales del sector sanitario sino que además repercute en la calidad de la práctica profesional y del servicio prestado, afectando finalmente al funcionamiento de las organizaciones sanitarias”, argumenta la Consejería en el borrador, consultado por Europa Press.

El observatorio fue presentado en septiembre de 2023. Se trata de un órgano colegiado asesor y de participación para el conocimiento, análisis técnico, seguimiento, vigilancia y evolución de las agresiones a los profesionales sanitarios, que “permite poner a disposición de la Administración y demás agentes implicados información cualitativa y cuantitativa de calidad, promoviendo el desarrollo y la realización de actuaciones de investigación, análisis, formación, documentación y seguimiento estadístico de las agresiones y de las incidencias relacionadas con las mismas”.

Entre sus objetivos y funciones, el borrador de decreto apunta a que el observatorio desarrollará acciones en colaboración con las Fuerzas de Seguridad para “aportar apoyo especializado ante las situaciones de riesgo de los profesioneles del sistema y para colaborar activamente en la prevención y respuesta ante las agresiones en los centros sanitarios que establezcan criterios orientativos de actuación”.

Además de este observatorio, la Junta de Andalucía está trabajando en la Ley contra las agresiones a profesionales sanitarios, que incluirá al Observatorio y un régimen sancionador que proteja a los profesionales mediante la imposición de multas económicas contra sus autores. La Administración andaluza defiende esta Ley para “proteger a los profesionales sanitarios, que son los que nos cuidan desde que nacemos hasta que morimos y ellos hacen su trabajo desde un juicio clínico, siempre mirando el bien de la persona e intentando mejorar su calidad de vida y su salud”.

“Nuestra función nunca puede ser solucionar un conflicto a través de una agresión y vamos a trabajar en ello con un ley muy potente que incluirá la puesta en marcha de un Observatorio contra las agresiones y un régimen sancionador para proteger a los profesionales sanitarios en el ámbito de su trabajo”, sostenía la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en una comparecencia pública. Preguntada por el régimen sancionador previsto en la Ley, la consejera confirmaba que se incluirán sanciones económicas, “que muchas veces suelen ser las que más duelen y las que hacen pensar a las personas” más allá de la propia vía judicial.