Las Marchas de la Dignidad saldrán a la calle el 28F por la sanidad pública y contra la privatización en la pandemia

Las Marchas de la Dignidad saldrán a la calle el próximo 28F, Día de Andalucía, en defensa de la sanidad pública y contra la privatización del sistema en la actual situación de pandemia del Covid19. El colectivo ha convocado una concentración que tendrá lugar el domingo de la próxima semana, en el margen sur del Guadalquivir junto al Puente de San Rafael, para hacer “frente a la privatización” y en defensa de la sanidad pública, por la derogación de “las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 LGS) y el rescate de todo lo privatizado”.

Junto a ellos, las peticiones que marcarán la protesta se centrarán en el “no al cierre de centros sanitarios” y la reivindicación de “un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la prevención y en la salud colectiva”, según han informado en su página web y redes sociales.

“28F. Basta ya de engaños, nos jugamos la vida y el sistema sanitario”, es el lema con el que las Marchas de la Dignidad llaman a participar -con las medidas adecuadas por la pandemia- en esta acción reivindicativa en Córdoba. Aseguran que “solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan" -aseguran-, desde la administración.

En un escrito para reivindicar la necesidad de esta protesta, las Marchas de la Dignidad recuerdan que, “un año después del inicio de la pandemia y trágicamente instalados en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población andaluza condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido desgraciadamente en negocio y lamentable espectáculo”.

El colectivo asegura que, “de un modo premeditado, los déficit estructurales de medios personales y técnicos del SAS no han sido corregidos provocando una falta de respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Especialmente grave sigue siendo la situación de la Atención Primaria, su clamorosa insuficiencia de medios materiales y humanos logra su máxima expresión en la atención telefónica (si es que se logra la hazaña de que alguien responda al teléfono). Este modo de asistencia está ocasionando situación de desamparo y frecuentes errores diagnósticos con graves consecuencias para los pacientes junto con grandes dosis de estrés para el personal sanitario. Todo ello, unido a las enormes listas de espera debido a la escasez de recursos, está produciendo aumentos en la morbilidad y en la mortalidad por patologías diferentes de la COVID, que son perfectamente evitables. Esta ausencia de soluciones del sistema público unida a las listas de espera han dado un nuevo empujón a miles de personas hacia los seguros privados que están frotándose las manos ante el negocio que se les abre ante sus ojos”, señalan.

 Los argumentos de las Marchas de la Dignidad pasan también por poner sobre la mesa cómo “se hunden las condiciones de vida de cientos de miles de personas” por la crisis social y económica asociada a la pandemia y desechan que “con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles y ciudades, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escasa respuesta por la ciudadanía”.

Más recursos sanitarios

Reclaman “disponibilidad económica” para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, líneas telefónicas, equipos técnicos, de protección individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Y dirigen su mirada a las administraciones: “Mientras el gobierno central «más progresista de la historia» mantenga las leyes privatizadoras, como son la ley 15/97 y el artículo 90 de la ley General de Sanidad, continuará el desmantelamiento de la sanidad pública y el lucro privado”.

Y critican a la Junta de Andalucía por “aumentar los convenios con hospitales privados, derivar a la sanidad privada las listas de espera sin optimizar los recursos públicos existentes, el despilfarro de las vacunas (el tristemente famoso ”culillo“ del consejero) por no tener las jeringas adecuadas... Nada de todo lo anterior es ilegal ya que está sostenido por leyes de ámbito estatal que lo permiten. La única forma de recuperar el sistema sanitario público es obligar a todos los partidos a blindar la sanidad contra el ánimo de lucro, y potenciar la atención primaria y la salud pública”.

Por último, las Marchas de la Dignidad recuerdan que “llevamos muchos años denunciando la privatización de la sanidad y a sus responsables, y la «izquierda del capital» se niega a eliminar las causas. No podemos seguir haciendo mala medicina. Hay que actuar sobre las causas de raíz y abrir un debate en todo el Estado sobre el modelo sanitario que queremos, que debe empezar por garantizar la asistencia sanitaria de calidad para todas las personas, democratizando el sistema y centrándolo en los determinantes sociales, económicos y ambientales de la enfermedad”.