Un informe de Amnistía apunta al socio israelí del lanzacohetes de Córdoba por “complicidad en el genocidio”
El genocidio de Gaza, la ocupación ilegal de los territorios palestinos y el régimen de apartheid no serían posibles sin la colaboración activa de muchos Estados y el apoyo cómplice de numerosas empresas de todo el mundo, que se lucran con el suministro de armas, mercancías y servicios a Israel. Así lo advierte Amnistía Internacional en un informe de 20 páginas, publicado el pasado jueves, donde señala a 15 empresas, entre ellas una española, por su contribución decisiva en el sostenimiento del genocidio, la ocupación ilegal y el sistema de segregación racial.
Una de las compañías incluidas en el dosier es la israelí Elbit Systems, socia de Escribano M&E y Expal en el proyecto del lanzacohetes SILAM que se fabrica en Córdoba desde finales de 2023. Se trata de la mayor industria armamentista de Israel, y número 24 del mundo, con un largo historial vinculado a operaciones bélicas en los territorios palestinos ocupados. Elbit aportó la base tecnológica de los 12 lanzacohetes que el Ministerio de Defensa ha adquirido para mejorar la potencia artillera del Ejército de Tierra.
Amnistía Internacional cita a Elbit junto a otras dos firmas estatales israelíes de armas: Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries. Las tres suministran anualmente al Ejército israelí armas, equipos de seguridad y servicios relacionados por valor de miles de millones de dólares. “Algunos de esos bienes y servicios, como los drones de vigilancia y armados, las municiones de merodeo y los sistemas de seguridad fronteriza”, argumenta la organización internacional de derechos humanos, “contribuyen a mantener la ocupación ilegal de Israel en los territorios ocupados y sus crímenes de apartheid contra todos los palestinos cuyos derechos controla, así como el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza ocupada”.
Algunos bienes y servicios contribuyen a mantener la ocupación ilegal y sus crímenes de 'apartheid' contra todos los palestinos
La organización internacional cuenta con más de 10 millones de miembros en 150 países de todo el mundo y es autora de infinidad de informes sobre la vulneración grave de derechos humanos en los cinco continentes. Según informa el dictamen, Amnistía escribió “cartas detalladas” a los directores ejecutivos de las tres industrias armamentísticas israelíes. Solo contestó Elbit Systems. En su respuesta, la socia de Escribano refutó las afirmaciones de la organización internacional y argumentó que la empresa operaba “legalmente” y abastecía a un “Gobierno soberano, no sancionado, y reconocido por la comunidad internacional”. “No hay base legal para restringir nuestras ventas”, adujo. Israel incumple desde hace décadas numerosas resoluciones internacionales por la ocupación ilegal de Gaza y Cisjordania, la construcción del muro del apartheid y la expulsión de cientos de miles de refugiados, entre otras.
De hecho, tal como recuerda Amnistía en su informe, en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que existía un “riesgo real e inminente de daño irreparable” a los derechos de los palestinos en Gaza, conforme a la Convención sobre el Genocidio, y ordenó a Israel que tomara todas las medidas a su alcance para prevenir actos genocidas. La CIJ también recordó que todos los Estados “tienen la obligación de prevenir, reprimir y castigar el genocidio”. En noviembre de ese año, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ex ministro de Defensa por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad.
Ya en febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó una investigación que detallaba todo un catálogo de “confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, drásticas restricciones de movimiento y negación del derecho al retorno y la ciudadanía”. Toda esta sucesión de violaciones graves del derecho internacional componen, a juicio de la organización, un “sistema de apartheid”.
En su dictamen, Amnistía pide a Elbit que suspenda “de inmediato” todas las ventas y entregas de armas, material militar, equipos de seguridad y servicios relacionados a Israel. Paralelamente, insta a los Estados y las instituciones públicas a que procedan a la “desinversión responsable” en estas empresas y garanticen que se les “prohíba cualquier actividad que implique introducir sus bienes y servicios militares y de seguridad en el mercado”.
La industria militar israelí es una de las más potentes y avanzadas del mundo. Sus innovadores productos armamentísticos se venden con éxito en las ferias más punteras del planeta bajo el reclamo publicitario de “probados en combate”. Gaza y Cisjordania son los laboratorios habituales de las mortíferas armas israelíes, que son adquiridas por Gobiernos de todo el mundo. Se trata de una práctica denunciada por el Centro Delàs de Estudios por la Paz en un informe publicado en 2022. La compra masiva de toda esta tecnología de guerra, además de sus implicaciones éticas, contribuye directamente al “sostenimiento de la ocupación y normaliza la injusticia”, alertan los autores del documento. España es uno de los países que más armas ha comprado a Israel, incluso tras la invasión de Gaza.
La creciente presión social y política contra el genocidio ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a anunciar la promulgación de un real decreto que garantice jurídicamente el embargo de armas a Israel. Dos semanas después del compromiso público, el Consejo de Ministros aún no ha formalizado la decisión. El boicot incluiría la fabricación de lanzacohetes SILAM de Córdoba, cuyo contrato fue nominalmente anulado el pasado 9 de septiembre, según figura en la Plataforma de Contratación del Estado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que la tecnología israelí será sustituida por patentes españolas, aunque expertos consultados por Cordópolis dudan de la suspensión efectiva del programa militar. “Esto es un apaño”, señaló un analista en temas de seguridad. “El contrato no se ha cancelado y el lanzacohetes SILAM con tecnología israelí se va a fabricar en Córdoba”.
Entre las 15 empresas señaladas por Amnistía Internacional figuran Boeing, Lockheed Martin, Palantir, Hyundai, Airbnb, TripAdvisor y Booking. También incluye a la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), a la que acusa de proporcionar materiales y servicios de transporte para el Tren Ligero que conecta asentamientos ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental ocupada en 1967. Israel confisca diariamente tierras y casas árabes para levantar colonias judías y hacer inviable un eventual Estado palestino. Ya son más de 700.000 los colonos ilegales instalados en los territorios ocupados palestinos, a los que apenas les queda un 18% de su país originario.
“Desde 2019, CAF ha desempeñado un papel clave en la expansión del Tren Ligero de Jerusalén”, explica el informe, “que ha llevado al crecimiento de los asentamientos en los últimos años” y ha contribuido decisivamente a la “ocupación” y la “anexión” de Jerusalén Oriental. Amnistía Internacional insta a CAF a “suspender de inmediato” su provisión de bienes y servicios a la red del Tren Ligero de Jerusalén. La compañía vasca, que tiene participación del Gobierno autónomo, ha desoído reiteradamente las reclamaciones de la organización de derechos humanos.
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