Escepticismo y confusión sobre la cancelación real del lanzacohetes con tecnología israelí que se fabrica en Córdoba
Sobre el papel, el contrato con la unión temporal de empresas formada por Escribano M&E y Expal para la fabricación de 12 lanzacohetes SILAM con tecnología israelí se encuentra cancelado desde el pasado martes a las 16.12 horas. Así lo indica la anulación del anuncio de adjudicación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado hace apenas una semana. La notificación oficial no motiva la presunta suspensión de un contrato que asciende a 697 millones de euros y se proponía dotar al Ejército de Tierra de un equipamiento militar decisivo para su potencia artillera, según coinciden todos los analistas.
Tampoco aclara si la licencia tecnológica israelí, supuesto escollo del programa militar suprimido, va a ser sustituida por una opción alternativa factible ni qué consecuencias mercantiles se derivan de la presunta ruptura de un contrato con implicaciones geopolíticas y en materia de seguridad y defensa.
Expertos consultados por Cordópolis creen que el contrato sigue vigente, pese al anuncio oficial de suspensión, y el programa SILAM, incluida la patente de Elbit Systems, se mantiene activo en la factoría de Escribano M&E en Córdoba. En opinión de estos analistas, la transferencia tecnológica israelí ya se ha ejecutado, ha sido pagada a su proveedor y dar marcha atrás al proyecto tendría consecuencias enormemente gravosas.
Hay dudas legítimas de organizaciones humanitarias sobre el cumplimiento estricto de la prohibición
De hecho, el pasado 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de la anulación del contrato, la dirección general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), adjudicó por casi 60.000 euros un proyecto para ejecutar “ensayos en mar dentro del marco del proyecto SILAM”. La memoria justificativa del contrato explica con detalle los pormenores de las pruebas a las que se someterán los primeros equipos. “Se hace necesario la realización de una serie de ensayos previos a los tiros de calificación, tanto en pantano como en el mar, donde se llevará a cabo el ejercicio real de tiro de cohetes”.
La empresa adjudicataria UTEK se encargará de gestionar los permisos y el alquiler de una embarcación para un plazo de diez días de ensayos que se realizarán en el pantano de San Juan, en Madrid. También incluye asistencia técnica para tres pruebas que tendrán lugar en Mazagón (Huelva) y en la Base Naval de Cartagena, todos ellos entre septiembre y noviembre de este año. “Se requiere embarcación no tripulada, neumática, semirrígida e hichable para el apuntamiento de coordenadas fijas”, señala el informe técnico. El documento justifica la adjudicación a la firma UTEK por su “experiencia acreditada en operaciones para la Armada y la OTAN”.
Los ensayos, que se realizarán en los próximos días o semanas, revelan que los prototipos ya se encuentran en una fase avanzada. Y todo hace suponer que incorporan las innovaciones tecnológicas israelíes desplegadas en el modelo PULS de la compañía Elbit Systems, sobre el que se han diseñado los lanzacohetes SILAM que fabrican Escribano y Expal para el Ejército de Tierra. El lanzador PULS es un arma mortífera usada profusamente por Israel en Gaza y Líbano, y la exportación de su patente le reporta pingües beneficios para mantener la maquinaria militar sobre los territorios ocupados ilegalmente desde 1967.
Hace poco más de tres meses, el Ministerio de Defensa anunció la “desconexión tecnológica” de las patentes israelíes, incluida la desarrollada en el lanzacohetes SILAM que se produce en Córdoba. Fuentes del departamento indicaron a Cordópolis el 16 de junio pasado que los técnicos estaban “analizando cada uno de los proyectos” y que se estudiaba con la industria de defensa las “soluciones más eficientes” que proponen las empresas. Una nueva respuesta del gabinete de comunicación de Defensa, cursada hoy martes, y citando palabras de la ministra Robles, insiste en que el “material tecnológico israelí” se va a “sustituir por la industra española”.
Esto es un apaño. El contrato no se ha cancelado y el lanzacohetes SILAM con tecnología israelí se va a fabricar en Córdoba
El portal especializado Infodefensa apuntó tres opciones para sustituir al proveedor israelí en el caso de que el Gobierno decidiera finalmente revocar la licencia de los lanzacohetes PULS. Desde entonces, no existe ningún dato oficial que certifique el cambio de proveedor tecnológico en los dispositivos SILAM, cuyos ensayos se van a realizar de forma inminente.
“Aquí hay trampa”, sostiene un analista con más de veinte años de experiencia en el sector. El experto está convencido de que lo que el Gobierno ha cancelado ha sido el mero anuncio oficial “pero no el contrato”. Y asegura que estamos ante otra maniobra propagandística del Gobierno para hacer creer a la opinión pública que “actúa de forma responsable” frente al genocidio de Gaza y la vulneración del derecho humanitario. “Esto es un apaño. El contrato no se ha cancelado. No puede cancelarse. El dinero ya se ha gastado. ¿Cómo se va a revertir eso?”.
Según su línea argumental, si el contrato realmente se hubiera anulado, todo el expediente de contratación debería de reiniciarse y los adjudicatarios ya no tendrían ninguna relación sobre el proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha garantizado públicamente la vigencia del programa y así lo confirmó días atrás al Diario Córdoba. Además, el departamento de Margarita Robles insiste en que las empresas trabajan en la búsqueda de un nuevo proveedor tecnológico. “Si eso fuera así, habría que negociarlo, adquirirlo, sustituirlo y formar a los soldados en el nuevo producto. ¿Qué hacemos con lo se ha hecho hasta ahora? ¿Se tira a la basura?”, se pregunta el especialista.
Lo cierto es que ni Escribano, ni Expal, ni Elbit, ni el propio Ejército ha expresado la más mínima queja por la presunta cancelación del contrato, pese a las previsibles y costosas consecuencias que comportaría. “El SILAM no va a dejar de producirse. Vale un pastón y el Ejército pondría el grito en el cielo. La parte israelí del programa ya está ejecutada y lo que se está haciendo ahora es maquillándolo para que continúe. A partir de ahora se dirá que no es un producto israelí”, argumenta.
Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y secretario general del PCE, es consciente de la enorme dificultad técnica que acarrea la sustitución de los componentes israelíes ya adquiridos por el Ministerio de Defensa. “Esto es una realidad que no ha impedido que exijamos contundentemente el cese inmediato de la compra y venta a Israel de cualquier material o sistema que pueda ser utilizado para perpetrar crímenes internacionales contra el pueblo palestino”, asegura a Cordópolis.
Santiago aduce que la propia Corte Internacional de Justicia ha instado hasta en cuatro ocasiones a suspender toda transacción militar con Israel y “España está obligada a cumplirlo”. Y cree que las instrucciones dadas por el Ministerio de Defensa “hacen ver que [el embargo] va a cumplirse” y que ya se están tomando las medidas para buscar en los mercados internacionales materiales de sustitución de los proveedores israelíes.
El portavoz adjunto admite que las reticencias en muchos organismos de la administración con contratos ya firmados eran muy fuertes ante las posibles “consecuencias indemnizadorias” de su revocación. “Pero ese riesgo merece la pena correrse para acabar con un genocidio”, subraya. “El mero anuncio de este acuerdo tiene un importante coste político, con amenazas vertidas por Estados Unidos e Israel”, así como la previsible presión de “intereses transnacionales y fondos de inversión” para que el acuerdo no se lleve adelante.
Enrique Santiago reconoce que “hay dudas legítimas” de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la efectividad real de la anulación de los contratos del lanzacohetes SILAM. “Nadie puede garantizar que finalmente se cumpla estrictamente esta prohibición de compra venta de materiales militares y policiales con Israel, pero lo que sí se puede garantizar es que la anulación de todos los contratos seguirá siendo una prioridad para Izquierda Unida”, argumenta.
De hecho, el Consejo de Ministros ha vuelto a dejar sobre la mesa este martes el real decreto sobre el embargo de armas comprometido públicamente la semana pasada. La propia portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que la “complejidad” del decreto justifica la demora en su aprobación. “Las cosas hay que hacerlas bien”, declaró. “La voluntad es traerlo la semana que viene. Por favor, ninguna duda con este tema”, remachó.
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