La entrada en vigor de la Ley Rider no cambia la opacidad con la que operan en Córdoba Glovo, Deliveroo y Uber Eats

Un joven va andando por la calle San Pablo. Lleva la bicicleta a su lado con la mano derecha y una gran mochila térmica amarilla vacía a la espalda. En la mano izquierda lleva el móvil y, en el sistema operativo del terminal, está abierta la plataforma del trabajador de la aplicación Glovo, que está mirando por si recibe otro pedido en la mañana de este miércoles 11 de agosto, último día antes de que entre en vigor la Ley Rider.

El joven acepta hablar con el periodista a condición de que no de ni su nombre ni lo identifique. Su situación se resume en que es menor de 30 años, de nacionalidad extranjera y residente desde hace años en Córdoba y trabaja desde hace meses como repartidor, principalmente para Glovo, en régimen de autónomo. Su cuota, por edad, la mínima. Ni siquiera sabe el importe exacto. “Ahorita, sesenta euros, creo”, acierta a decir.

¿Y qué pasa a partir de este jueves? “En Glovo no han dicho nada, no mucho. Lo que ocurre es que yo también trabajo en otras aplicaciones como Uber Eats y en Uber Eats, a partir de este jueves no van a estar repartiendo los que son autónomos”, responde el chaval, que no es capaz de explicar cómo va a poder seguir trabajando para Glovo estando dado de alta de autónomo, ya que, en el momento en que lo haga, estaría haciéndolo en exclusividad, lo que supondría un flagrante fraude de ley.

En la empresa, en cualquier caso, no les han explicado a los repartidores qué va a ocurrir a partir de este jueves, ni cuántos van a dejar de trabajar ni cuántos van a ser contratados en Córdoba. “No se sabe, es que somos muchos. Dicen que van a encontrar la manera para que podamos seguir trabajando, pero no nos han dicho cómo”, señala este joven, que está en contra de la Ley Rider al entender que va a hacer que los repartidores que prefieren el modelo de autónomo “pierdan mucho dinero”.

Nuevos modelos que ya han sido llevados a los tribunales

Efectivamente, desde Glovo no se van a dar datos sobre con qué masa laboral van a contar a partir de este jueves en Córdoba ni cuántos cordobeses están entre esos 2.000 riders que dijo que contrataría a finales de julio. Su gabinete de prensa, externo, no tiene datos sobre cuántos repartidores trabajan para la compañía en la ciudad y se remite al comunicado del 28 de julio, en el que informaban crípticamente de la implantación de un modelo híbrido de autónomos y asalariados para desempeñar tareas similares, y que ya ha sido llevado a los tribunales por los sindicatos.

En Córdoba, el secretario general del sindicato provincial de servicios de CCOO Córdoba, Manuel Casado, explicaba a este periódico que, entre los repartidores que trabajan para Glovo -la inmensa mayoría en Córdoba-, cundía el desconocimiento sobre este nuevo modelo, sobre el que, añadía, van a estar vigilantes desde este jueves.

“Tendrá que ponerlo sobre la mesa y nosotros lo valoraremos. Lo que sí te puedo asegurar es que, si detectamos un fraude, vamos a denunciar”, asegura Casado, que, al igual que la otra gran central sindical, es incapaz de cifrar el número real de repartidores que trabajan en Córdoba, que oscilaría entre los 200 y los 350.

Es posible que desde este jueves sean menos, ya que los pocos que en Córdoba trabajan para Deliveroo seguramente dejen pronto de recibir pedidos. La plataforma británica de reparto anunció su intención de cerrar su actividad en España con la apertura de un proceso de despido colectivo que afectará a 3.781 personas entre personal de oficina y repartidores. No obstante, tampoco se ha comunicado cuándo se suspenderá el servicio.

En cuanto a Uber Eats, tal y como explicaba el joven repartidor entrevistado por este periódico, la compañía ya ha enviado un mensaje a sus riders en el que les informa de que a partir del 12 de agosto no adjudicará pedidos a aquellos que sigan siendo autónomos y que utilizará a terceros para subcontratar a los repartidores, un modelo, de nuevo, que ya ha sido judicializado. En este caso ha sido el bufete SBO, que logró la sentencia pionera del Supremo que reconocía que los repartidores de Glovo eran falsos autónomos, el que ha anunciado de que pedirá “a la Inspección y al Juzgado que intervenga” por la subcontratación a través de agencias como Randstad o Jobandtalent.

Los que seguramente seguirán igual este jueves son la treintena de repartidores que los sindicatos creen que trabajan para JustEat, que en Córdoba operan a través de la empresa Mission Box -que hace de intermediaria con las aplicaciones-.

JustEat, en cualquier caso, nunca utilizó autónomos y su modelo actual es mixto, ya que la mayor parte de los restaurantes con los que colabora tienen su propia flota y para aquellos que no, la plataforma ofrece un servicio a través de Mission Box. Además, ha anunciado que está negociando con CCOO y UGT un convenio laboral para sus repartidores.

Esta circunstancia, que distingue a JustEat del resto, no parece ser muy valorada por algunos riders. Manuel Casado, de CCOO, lo reconoce: “Hay repartidores que están enfadados y totalmente en contra de la Ley Rider, pero es una normativa que va encaminada a lograr mejores condiciones generales para todos. Y guste o no guste, es la ley y hay que cumplirla”, zanja Casado, recordando que, en Córdoba, entre otros logros, se consiguió meter a los riders en el convenio de hostelería.