Los desahucios se desbocan en Córdoba y vuelven a números que no se daban desde hace una década
Córdoba vuelve a mirar con preocupación a la evolución de los desahucios. Los últimos datos de ejecuciones hipotecarias, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes, reflejan un repunte significativo de los lanzamientos judiciales por impago de hipotecas en la provincia, hasta situarse en cifras que recuerdan a las registradas hace una década.
En concreto, el año pasado se ejecutaron e inscribieron en los registros de la propiedad un total de 344 desahucios hipotecarios, un número que casi duplica los 193 del año 2024, y que supera ampliamente los 236 del año 2023, los 287 de 2022, y las cifras de los años 2019, 2018 y 2017, en los que las ejecuciones hipotecarias de vivienda fueron 74, 111 y 178, respectivamente.
En Córdoba, los desahucios alcanzaron su techo en el año 2015. Entonces, un total de 642 familias cordobesas tuvieron que abandonar sus viviendas para hacer frente a las deudas hipotecarias que mantenían con los bancos que no habían podido pagar.
En 2016 las ejecuciones hipotecarias se redujeron hasta las 495 y ya en 2017 bajaron a las 178. Ahora, tras una espectacular subida de un 78% en doce meses, se ha vuelto a superar la barrera de los 300 desahucios anuales, algo que no ocurría desde hace una década.
Lo peor es que, además de esta subida, falta por conocer la mayor parte de los desahucios que se ejecutan en la provincia, ya que dos de cada tres se derivan de impagos de alquiler, como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), según los sucesivos informes trimestrales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta cuestión. Si ese ritmo se ha mantenido en 2025, significaría que 2025 se habría cerrado por encima de los mil deshacios, con más de 600 por alquiler.
Unos datos que, según colectivos sociales como Stop Desahucios, se estarían quedando cortos. Ellos estiman, de hecho, que las cifras serían bastante superiores, ya que, según indican, muchas familias abandonan sus pisos de alquiler ante la imposibilidad de pagar la renta para evitar estos procedimientos.
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