Apoyo y solidaridad ante el juicio a un activista contra el cierre de un camino público

Integrantes de distintos colectivos ecologistas y sociales de Córdoba, así como personas a título individual, se han concentrado a las puertas de la Ciudad de la Justicia a primera hora de este jueves para mostrar su apoyo a Manuel Trujillo, miembro de la plataforma A Desalambrar que está llamado a juicio en esta jornada por cortar unos alambres de espino como gesto simbólico contra el cierre del camino público de El Bañuelo.

Con una pancarta de A Desalambrar por los caminos públicos libres, ciclistas y senderistas, además de cargos políticos de IU y Podemos, han mostrado su apoyo antes del inicio del juicio a Trujillo, que confía en ser absuelto, según ha señalado a Cordópolis. “Estamos seguros de que la alambrada no tenía ningún tipo de autorización”.

El juicio estaba previsto para el pasado mes de febrero, pero finalmente se suspendió al no haberse tasado el valor de la valla que cerraba el paso por este camino. La jueza tomó entonces esa determinación y fechó nuevamente el juicio para este 5 de mayo. En la fase de instrucción, el juez había estimado en unos 400 euros dicho valor, mientras que el demandante -el propietario de la finca que ha cerrado el paso por el camino-, pedía unos 1.200 euros.

La Plataforma A Desalambrar -con 20 años de trayectoria en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias-, denunció con una marcha en abril de 2021 el cierre del camino público del Bañuelo, que data del siglo XV y está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Córdoba. En esa marcha, uno de sus principales activistas de la plataforma, Manuel Trujillo, cortó unos alambres de espino como “símbolo” de la protesta del cierre del camino, por parte de los propietarios, mediante alambradas y una cancela.

Denuncia contra el cierre de un camino público datado desde 1884

Fue el 11 de abril de 2021 cuando se celebró la marcha reivindicativa donde se produjeron los hechos que ahora se enjuician y que contó con la presencia de medios de comunicación para difundir la protesta por el cierre del camino público del Bañuelo. Precisamente, son las imágenes tomadas por los medios en la que se ve al activista cortando los alambres de espino, la principal prueba de la propiedad de la finca como acusación.

El camino del Bañuelo aparece recogido en el inventario municipal, aprobado en el año 2016, con el número 27 y es copia del anterior inventario que data de 1884 donde también aparece el Camino del Bañuelo con la siguiente referencia: “El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a Trassierra por la fuente del Arco”. Asimismo, aparece en toda la cartografía de la época, además de haber referencias a este camino, que era el principal para ir de Córdoba a Trassierra, desde el siglo XV.

Este camino había estado abierto mientras que la finca El Bañuelo pertenecía a los anteriores propietarios pero -según señalan desde A Desalambrar- desde que la finca fue adquirida por un nuevo propietario “ha ido poniendo dificultades a las personas que pasaban por el camino, y diciéndoles que no podían pasar, hasta que finalmente lo ha cerrado, poniendo una cancela metálica y cerrando la cancela que tenía abierta el anterior propietario con una pitón”.

Según las Ordenanzas de Usos de Caminos de Córdoba, aprobadas en el año 2010, es una infracción muy grave “la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que merme la accesibilidad de forma injustificada, impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de personas y bienes que circulen por los caminos públicos municipales, o el acceso a fuentes, abrevaderos y alcubillas de uso público”, castigada con multa de entre 15.025,31 a 30.050,61 euros.