La Cámara de Cuentas fiscalizará la atención que se ha prestado a personas sin hogar en Córdoba

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado el documento de directrices técnicas de la fiscalización que va a realizar acerca de la atención prestada a las personas sin hogar por los municipios con población superior a 50.000 habitantes durante el ejercicio del pasado año 2025, entre ellos a Córdoba capital.

Esta actuación se desarrollará de forma coordinada con el Tribunal de Cuentas y el resto de los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas, según ha informado la Cámara de Cuentas en una nota este martes. De esta forma, los objetivos, alcance y metodología del trabajo de fiscalización han sido determinados de forma conjunta entre las instituciones fiscalizadoras que participan en la actuación coordinada.

La actuación fiscalizadora propuesta es una “auditoría operativa”. Esta fiscalización consiste en la revisión “independiente, objetiva y fiable, que tiene por objeto verificar si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades, organizaciones y empleo de los recursos de la entidad fiscalizada cumplen con los principios de eficacia, eficiencia y economía, con la finalidad de, una vez concretadas las posibles deficiencias, recomendar las oportunas propuestas de mejora”, según han aclarado desde la Cámara de Cuentas.

El objetivo de la actuación fiscalizadora es, en concreto, “concluir si los municipios fiscalizados realizan una gestión eficaz y eficiente de los recursos destinados a la atención de las personas sin hogar”.

Además, se establecen una serie de “objetivos específicos”, entre los que figuran los de “concluir si los ayuntamientos seleccionados disponen de información y de un diagnóstico actualizado sobre la situación del sinhogarismo en el municipio”, y “concluir si disponen de una adecuada planificación estratégica de las actuaciones y de recursos, con independencia de su titularidad, dirigidos a la atención a las personas sin hogar”.

Otros objetivos específicos son “concluir sobre si los recursos disponibles son suficientes para atender a las personas sin hogar en el término municipal”, y “concluir si la coordinación entre los distintos niveles administrativos --estatal, autonómico y local-- e interadministrativos --servicios sociales, salud, vivienda o empleo, entre otros-- resulta adecuada para la prestación de una atención integral a las personas sin hogar”.

El alcance subjetivo se extiende a los 30 municipios andaluces con población superior a 50.000 habitantes a fecha 1 de enero de 2025, que son Almería capital (202.675), El Ejido (90.135) y Roquetas de Mar (109.204) en la provincia de Almería; Algeciras (124.978), Cádiz (110.914), Chiclana de la Frontera (89.794), El Puerto de Santa María (89.960), Jerez de la Frontera (213.688), La Línea de la Concepción (64.177), San Fernando (93.645) y Sanlúcar de Barrameda (69.876) en la provincia de Cádiz.

En la provincia de Córdoba, la capital cordobesa es el único municipio con más de 50.000 habitantes objeto de esta fiscalización (322.811), mientras que en Granada están la capital granadina (232.717) y Motril (59.632), y en la de Huelva sólo la capital, con 143.290 vecinos.

En la provincia de Jaén sobrepasan los 50.000 habitantes la capital, con 112.074, y Linares, con 55.261, mientras que en la de Málaga cumplen dicho criterio los municipios de Benalmádena (77.654), Estepona (78.413), Fuengirola (85.859), Málaga (591.637), Marbella (159.000), Mijas (93.302), Rincón de la Victoria (52.230), Torremolinos (70.933) y Vélez-Málaga (85.990).

Finalmente, en la provincia de Sevilla los municipios con más de 50.000 vecinos son Alcalá de Guadaira (76.922), Dos Hermanas (140.430), Sevilla (687.488) y Utrera (52.173).

De esta manera, la población que en total va a ser fiscalizada en este trabajo asciende a 4.436.862 personas, según ha concretado la Cámara de Cuentas, en cuya página web, en el apartado 'Actuaciones en curso', se encuentra “toda la información referente a este documento de directrices técnicas”.