La Fiscalía pide tres años de cárcel para tres empresarios acusados de defraudar más de 600.000 euros a la Seguridad Social

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita tres años de prisión para tres empresarios acusados de haber articulado un entramado societario con el que, según sostiene el ministerio público, habrían defraudado más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. Los tres acusados se sentarán ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba el próximo 29 de septiembre, donde deberán responder de la acusación formulada por la Fiscalía.

El escrito de acusación, correspondiente a unas diligencias previas tramitadas por un Juzgado de Instrucción de Córdoba, sostiene que los acusados actuaron “de común acuerdo y de manera concertada” para constituir sucesivamente varias sociedades mercantiles y continuar la actividad empresarial pese a las deudas que se iban generando con la Seguridad Social.

Según el relato del Ministerio Público, el objetivo habría sido evitar tanto el pago de las cuotas de cotización de los trabajadores como la actuación de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Para ello, siempre según la acusación, se habría diseñado una estructura societaria mediante la creación sucesiva o simultánea de cuatro mercantiles que habrían desarrollado su actividad utilizando el mismo local.

La Fiscalía atribuye a uno de los acusados el papel de verdadero gestor de las sociedades. De acuerdo con su versión, esta persona habría diseñado la estructura empresarial con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito y eludir el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores contratados por las empresas.

El escrito señala asimismo a otro de los acusados como supuesto testaferro. El Ministerio Público sostiene que habría actuado “de común acuerdo” con el presunto responsable de la gestión de las sociedades, figurando formalmente como fundador y administrador único y aparente de las distintas entidades que integraban el entramado.

El tercer acusado habría desempeñado, según la Fiscalía, otra función dentro de la estructura. El ministerio público afirma que habría participado y colaborado con los otros dos acusados, interviniendo como uno de los sucesivos arrendatarios simulados del local donde se desarrollaba la actividad empresarial.

La acusación considera que esta sucesión de arrendatarios habría servido para “enmascarar la titularidad real del negocio” y dificultar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sociedades sucesivas ante el aumento de las deudas

El mecanismo descrito por la Fiscalía habría comenzado cuando la primera de las entidades empezó a acumular deuda con la Seguridad Social como consecuencia del impago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores.

A partir de ese momento, según el relato acusatorio, los investigados habrían optado por constituir nuevas sociedades para continuar con la actividad empresarial y evitar que las deudas acumuladas pudieran ser efectivamente cobradas.

El Ministerio Público sostiene que las nuevas sociedades se fueron sucediendo con esa finalidad, de manera que la actividad podía mantenerse mientras las obligaciones pendientes con la Seguridad Social permanecían sin satisfacer.

La acusación hace especial hincapié en la utilización del mismo local y en la sucesión de sociedades y personas que aparecían formalmente vinculadas a la explotación del negocio. Para la Fiscalía, estos elementos formarían parte de una estrategia destinada a impedir o dificultar que la Tesorería pudiera localizar al verdadero responsable de la actividad y hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas.

En concreto, el escrito señala que las empresas habrían generado deudas por cuotas de la Seguridad Social correspondientes al Régimen General de los trabajadores contratados, al no haberse presentado los correspondientes boletines de cotización ni las declaraciones de ingresos.

La cantidad total que maneja la Fiscalía supera los 600.000 euros. La cifra puede concretarse en 617.288,06 euros, cantidad que se desprende de la multa de 1.234.576,12 euros solicitada por el Ministerio Público, al corresponder esta última al doble de la cantidad que considera defraudada.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de defraudación a la Seguridad Social, previsto y castigado en los artículos 307, 307 bis y 310 bis del Código Penal.

El escrito atribuye a los tres acusados la condición de autores, de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal, y señala expresamente que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Sobre esta base, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión, además de la correspondiente accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

A ello se suma una multa de 1.234.576,12 euros, que la Fiscalía fija en el doble de la cantidad presuntamente defraudada. El escrito contempla asimismo la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el supuesto de impago de la multa, estableciendo un día de privación de libertad por cada 100 euros, con el límite que recoge la propia acusación, además del pago de las costas.