Adelante pide a la Junta que la nueva renta social complemente al Ingreso Vital

La portavoz del grupo parlamentario Adelante Andalucía en la Comisión de Igualdad, Ana Naranjo, ha manifestado este sábado su “preocupación” por la incertidumbre generada en torno al anuncio del nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), que “no da respuesta a las necesidades de la pandemia porque tiene criterios muy restrictivos que amenazan con excluir a buena parte de la población vulnerable”.

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha esgrimido que el Gobierno andaluz ahora “entierra la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía y la sustituye por una nueva ayuda que ha generado una tremenda incertidumbre entre la población susceptible de percibirla y los propios profesionales del Trabajo Social”.

Naranjo ha exigido “más financiación y criterios amplios”, y ha criticado que la Consejería de Igualdad “no articule mecanismos para hacer compatible esta prestación con el Ingreso Mínimo Vital”, pese a que “el Gobierno central trabajó para que pudiera ser complementado con otros subsidios autonómicos”, según ha informado Adelante Andalucía por medio de una nota.

La diputada andaluza ha lamentado que el Gobierno andaluz “haya buscado la fórmula para no seguir las instrucciones que llegaban del Gobierno de coalición”, hasta el punto de plantear “un ingreso sustitutivo y no complementario” que solo se otorgará con la condición del rechazo del IMV.

“Esta ayuda se centra en cumplir la necesaria y urgente función de proteger a la infancia”, pero solo llegará a los andaluces y andaluzas a los que les haya sido previamente denegada la ayuda estatal, lo que “además de dejar fuera a buena parte de la población vulnerable dilatará inevitablemente los plazos, que ya eran insoportablemente lentos”, ha puesto de manifiesto la parlamentaria de Adelante Andalucía.

Este movimiento del Gobierno andaluz, ha recordado Naranjo, llega después “de que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales tratara de eludir su responsabilidad como administración al querer paralizar la tramitación de la Renta Mínima de Inserción con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital”.

Naranjo ha recordado que “Andalucía es líder en pobreza y desigualdad y la comunidad más afectada por la crisis derivada de la pandemia”, y que “el 42% de la población vive en riesgo de exclusión social”.

En este contexto, y ante el riesgo de “revertir los esfuerzos realizados para combatir la desigualdad”, Andalucía “necesita políticas sociales amplias y efectivas” para ayudar a la población más vulnerable, sin dejar atrás a “personas migrantes, jóvenes y mujeres, que son los más afectados, según han certificado organizaciones como Oxfam Intermón o el Defensor del Pueblo Andaluz”.

Andalucía está “a la cabeza de la pobreza femenina” mientras el Gobierno andaluz “prosigue en su empeño en recortar la tabla de salvación de muchas mujeres, la Renta Mínima de Inserción”.

Recorte del 42% en la Renta Mínima

Según ha señalado Naranjo, “de los 198 millones de euros presupuestados en 2018 se pasó a 135 millones en 2019, y a 115 millones en 2021”. Un recorte de casi el 42% en los últimos años al que ahora se suma, según ha puesto de manifiesto Naranjo, “la incertidumbre de la sustitución de la Renta Mínima por un nuevo subsidio que podría ser muy beneficioso si aunara esfuerzos con el Gobierno central pero que, por el contrario, pretende articularse como un elemento contrapuesto y no complementario”.

Frente a ello, el Gobierno de PP y Cs ha aprobado medidas encaminadas a mantener y mejorar el denominado escudo social, “ampliando la cobertura del Ingreso Mínimo Vital y facilitando su tramitación, eliminando las trabas que se habían detectado en la primera fase de su implementación”.

“Mientras el Gobierno de España avanza en la lucha contra la exclusión, el Gobierno andaluz amenaza con retroceder en la ayuda que presta a la población vulnerable”, ha argumentado Ana Naranjo, quien ha ahondado en la “complejidad burocrática” de estas prestaciones con nuevas trabas y negándose a reforzar debidamente las plantillas de los Servicios Sociales, algo que se ha demostrado como “la única medida eficaz para agilizar los procedimientos”.