Apenas una semana después de que se iniciara oficialmente la campaña de recogida, las aceitunas están comenzando a llegar las almazaras andaluzas y, con ellas, un cierto temor ante la situación que puede vivir el olivar cordobés y andaluz en el actual contexto de sobrecoste energético. Es una sensación común, extendida y compartida por todas las asociaciones agrarias, que afrontan la actual campaña en un marco económico prácticamente inédito.
Inédito porque la crisis de materiales, precios y energética que está marcando el otoño llega en un año en el que el campo venía viviendo otra crisis propia: la de los fitosanitarios y fertilizantes, que están marcando máximos históricos. Y, mientras el coste de producción sube de manera desproporcionada, el precio del aceite, que estaba en un nivel aceptable antes de la campaña, no solo no está aumentando al mismo ritmo que los costes de producción, sino que, va cayendo lentamente y se mantiene todavía lejos del que tuvo en campañas como la de 2017.
Hoy, según detalla Miguel Cobos, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), el litro de aceite de oliva virgen extra tiene un precio de 3,30 euros. Es una cantidad superior a la campaña de 2020, aunque no lo suficiente como para alejar el temor a que los costes superen el beneficio empresarial.
“A pocos días de iniciada la campaña de recogida, hay noticias interesadas que hacen que el precio del aceite vaya cayendo sin causa justificada”, afirma Cobos, que argumenta que este año no hay excedentes de campañas anteriores, ni tampoco la cosecha se espera grande por la sequía y otras adversidades climáticas.
En este sentido, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, rebaja “un 5%” las previsiones de producción de aceite de oliva y aceituna de almazara y de mesa en Andalucía para la campaña 2021-2022. Así, para Fernández de Mesa, la cantidad 1.050.300 toneladas de aceite de oliva prevista por el Gobierno Andaluz es mayor de lo que finalmente va a salir de los olivares y las almazaras andaluzas este año, ya que la escasez de lluvias y las altas temperaturas, lo que está provocando que el fruto se muestre arrugado y falto de calibre
Para el presidente de Asaja, el olivar afronta este año “un paisaje sombrío”, sin que el Gobierno de España parezca tomar en consideración la situación que atraviesan los agricultores. De hecho, el presidente de la patronal carga muy duramente contra la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el contexto actual -“los costes laborales han subido un 30% en dos años”, critica-, una cuestión que, para su homólogo de UPA, no va a tener apenas impacto. “Es el menor de nuestros males”, razona el líder agrario.
Cobos lo que pide al Gobierno de España es que aplique la Ley de Cadena Alimentaria y que ésta sea la herramienta que impida que los agricultores cobren precios inferiores a los costes de producción. En este sentido, advierte de que existe el temor a que las almazaras quieran cargar a los agricultores los sobrecostes de la subida del precio de la electricidad, lo cual podría ser un golpe mortal para muchos pequeños productores. Este temor también se percibe desde Asaja.
En este ámbito, la secretaria general de la COAG en Córdoba, Carmen Quintero, señala que este temor no le ha llegado a ella, si bien tiene claro que, ante una situación así, el que tiene todas las papeletas para acabar pagando la diferencia es el último eslabón de la cadena. “Las almazaras, igual que todo el tema de la industria, tienen que hacer sus cuentas y ellos no van a perder. Al que le toca perder siempre es al productor”, lamenta Quintero, que demanda “algún tipo de arreglo” a las administraciones, que deben garantizar un precio justo para los productores.
“Lo que no puede ser es que pierdan siempre los mismos”, se queja amargamente la líder agraria, que percibe esta campaña una cierta “angustia” entre los agricultores, especialmente motivada por “el aumento del combustible”, que también encarece los trabajos de recogida del fruto.
Una recogida para la que, además, siempre faltan manos. A este respecto, Ignacio Fernandez de Mesa, de Asaja Córdoba, denuncia que “hay agricultores que tienen problemas para encontrar recolectores”. “No sabemos donde está el personal. La gente no quiere el campo”, afirma el líder de la patronal, que insiste sobre una cuestión que lleva años sobrevolando el campo andaluz y cordobés, y para el que los sindicatos siempre proponen mejorar los salarios o ajustarlos a convenios.
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