El sindicato USO denuncia en la Fiscalía contrataciones temporales en la Diputación

El sindicato USO ha denunciado anta la Fiscalía Provincial de Córdoba “presuntas irregularidades en las contrataciones temporales” de la Diputación cordobesa, pidiéndole que proceda a “la comprobación de los hechos objeto de la denuncia, así como de todas las circunstancias” de los mismos.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que, a su juicio, se ha incumplido “la regulación de la formación de las bolsas de trabajo de la Diputación”, que “se rige por el Reglamento Regulador del Procedimiento de Selección para la Cobertura de Necesidades Temporales de Efectivos de Personal de la Diputación”.

En concreto, según USO, el 3 de julio de 2018 se aprobó “la aplicación de la bolsa acordada por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios”, y “esta sola intervención”, a juicio del sindicato, “vulnera el reglamento previamente mencionado en su artículo número 5, pues se incumple el procedimiento” a seguir “en los casos que se requiera la contratación temporal en una categoría profesional en la que no exista lista de trabajo vigente o ésta se haya agotado”.

El sindicato considera que “además se vulnera” el “Acuerdo del Personal Funcionario de la Diputación, ya que se excluye de dicho acuerdo al personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos o fondos de organismos autónomos, siendo el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios uno de estos organismos”.

Por tanto, USO ha concluido que “se produce una decisión totalmente arbitraria”, puesto que la Diputación “vulnera su propia normativa para la adjudicación de las plazas de personal y crea discriminación al resto de ciudadanos por no dar publicidad de la convocatoria ni oportunidad para presentarse a la selección”, para varios puestos de técnicos de gestión del Consorcio.

En opinión de USO, “las conductas descritas rebasan los preceptos establecidos en los reglamentos y acuerdos establecidos por la Diputación, pudiendo constituir un delito de prevaricación de funcionario público previsto y penado en el artículo 405 del Código Penal, si se dieran los elementos del tipo penal de haberse dictado una arbitraria resolución administrativa que pudiera resultar punible por falta de sujeción a norma, a razón y justicia”.