La sentencia de 'La Manada' sobre los abusos en Pozoblanco se conocerá el 4 de junio

Los cuatro miembros del grupo de WhatsApp de La Manada imputados en el juicio por abusos sexuales en Pozoblanco -José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero- conocerán el fallo de la sentencia el próximo 4 de junio.

Según ha adelantado El Cierre Digital y ha confirmado a este medio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado de lo Penal número 1 de Córdoba, Luis-Javier Santos Díaz, ha citado a todas las partes a las 12:00 de ese día. Mientras que los abogados podrán acudir a los juzgados de la capital, los imputados conocerán la sentencia de manera presencial desde las cárceles en las que se encuentran, en Cádiz, Salamanca, Huelva y Sevilla.

Hay que recordar que se piden para los cuatro acusados penas de dos años de prisión por los tres que inicialmente pedía por la supuesta comisión de un delito de abusos sexuales hacia la joven, cuatro años más por otro delito contra la intimidad por la difusión del vídeo y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por supuestamente causar lesiones leves.

El Ministerio Público también pide para la víctima como responsabilidad civil una indemnización conjunta y solidaria que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados.

Mientras, la acusación particular elevó a definitivas sus conclusiones sin modificar, de manera que solicita dos años y seis meses de cárcel, órdenes de alejamiento por cinco años y un año de libertad vigilada por la supuesta comisión de delito continuado de abusos sexuales; así como cuatro años y tres meses de cárcel por delito contra la intimidad. También, reclama indemnización de 3.600 euros por las lesiones sufridas y 80.000 euros por el daño moral ocasionado.

La acusación popular, representada por la Asociación Clara Campoamor, que solicitaba las mismas penas que la otra acusación, incrementó al final la pena para uno de los procesados, Cabezuelo, hasta los cinco años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual, en vez de los dos años y seis meses que pedía por abusos sexuales.

Y la defensa solicitó la absolución y como pena alternativa, en caso de no considerarse la anulación del vídeo que grabraron sobre los hechos, que Prenda cumpla dos años de cárcel, “con las accesorias previstas en la ley”, por un delito de maltrato de obra en concurso con un delito contra la intimidad; una multa de 180 euros para J.E. por un delito de maltrato de obra, y para los otros dos, Guerrero y Cabezuelo, penas de seis meses de prisión por delitos contra la integridad moral.

De los cuatro procesados, Prenda. dijo al final del juicio que grabó el vídeo y lo distribuyó “sin conocimiento” de los otros, quienes no intervinieron en el último turno de palabra, todo ello tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez el primer día de juicio y mantener que son “inocentes”.

Frente a ello, la joven que denunció se mostró “clara, concisa y coherente” en su declaración, en la que ratificó “lo fundamental” de la denuncia interpuesta tras conocer la existencia del vídeo por la Policía Foral.

Así lo confirmaron desde la acusación particular, al tiempo que aseveraron que la joven fue “contundente”, aunque admitió que en un primer momento no recordó lo ocurrido en el coche, pero posteriormente fue consciente de los hechos, respaldados por la grabación.

Durante su declaración, decenas de mujeres se concentraron en señal de apoyo en las puertas de la Ciudad de la Justicia, convocadas por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres.

Mientras tanto, el juez acordó demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo que grabaron los acusados sobre los hechos, ocurridos en la noche del 1 de mayo de 2016 y que se hicieron públicos en septiembre de 2016 en la investigación de la causa de Pamplona, por la que se encuentran en prisión junto a un quinto condenado más por la violación grupal a una joven.

El togado ha remarcado en el juicio que “no es la única prueba existente en el procedimiento” y ha aludido al “consentimiento” prestado por los acusados ante el juez instructor de Pamplona, donde hallaron las grabaciones tras entregar sus teléfonos y la Policía Foral inició investigación de esta causa, que ahora ha quedado vista para sentencia.