Las organizaciones sindicales UGT, Satse, CCOO y CSIF denuncian un nuevo recorte en el CRP

Las organizaciones sindicales UGT, Satse, CCOO y CSIF han vuelto a denunciar el recorte aplicado este año al Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) correspondiente a 2024. Este complemento retributivo tiene como finalidad compensar la especial dedicación de los y las profesionales, el trabajo en equipo, la atención a la ciudadanía y, en definitiva, la consecución de los objetivos personales, de unidad y de centro.

Estas organizaciones rechazan que, un año más y de forma inmoral, se recorte significativamente este concepto salarial. Reclaman que se abone el 100 % de la cuantía máxima asignada a cada categoría profesional, sin necesidad de evaluación individual, ya que los objetivos están más que cumplidos. Solicitan convertir este complemento en un factor fijo, eliminando así las especulaciones y la falta de transparencia que, año tras año, caracterizan este proceso. Denuncian, además, que el modelo de CRP se ha ido desvirtuando progresivamente, en perjuicio de los y las profesionales.

CCOO, CSIF, Satse y UGT lamentan que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “menosprecie a sus trabajadores y trabajadoras”, recortando sus retribuciones de “forma sistemática”. Recuerdan que el año pasado quedó pendiente el pago del 15% del complemento correspondiente a 2023, cantidad que aún no ha sido abonada.

Las organizaciones insisten en que, si debe aplicarse alguna penalización por el incumplimiento de objetivos, esta debe recaer en quienes tienen la responsabilidad directa sobre la gestión y su cumplimiento, es decir, quienes deben proporcionar los medios necesarios para alcanzar dichos objetivos. En ningún caso debe penalizarse a los trabajadores y trabajadoras que, día a día, se esfuerzan por encima de sus posibilidades.

Este año, la forma de aplicar el recorte ha consistido en bajar las calificaciones a las Unidades. En Córdoba, por ejemplo, se da la paradoja de que la mayor retribución —superior a los 14.000 euros— corresponde a quienes dirigen las Unidades de Gestión Clínica (UGC), mientras que las cuantías más bajas —que no alcanzan los 300 euros— recaen sobre profesionales de distintas categorías. Las consecuencias de estas bajadas de nota afectan directamente a los trabajadores y no a quienes tienen funciones de gestión.

Finalmente, denuncian que dichas calificaciones no reflejan la realidad asistencial de los centros, donde los profesionales trabajan de forma sobrecargada y con el respaldo de la ciudadanía, como muestran las encuestas de calidad y satisfacción publicadas por el propio SAS. Es decir, esa valoración positiva de la población no se traduce en un reconocimiento institucional justo, sino en un uso del CRP como herramienta de castigo hacia los y las profesionales.