El sector agrario pide reducir el 35% de la factura del gasóleo y bonificaciones en Seguridad Social

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA pedirán la reducción del 35% de la factura del gasóleo, del IVA de insumos y bonificaciones en la Seguridad Social, entre otras medidas, ante el inicio de las negociaciones de la próxima semana con el Gobierno para concretar el “plan de choque urgente” para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias, según han informado en un comunicado conjunto

En concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha convocado para el miércoles de la semana que viene la mesa de trabajo sobre seguros agrarios, mientras que se espera que en los próximos días se conformen las mesas interministeriales de fiscalidad, costes energéticos y empleo, así como la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

En el área de seguros agrarios, las organizaciones reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita, además, un aseguramiento a la carta según sectores y sensaciones de riesgo. Y todo ello en unas condiciones de precios razonables para los productores.

De esta forma, consideran “imprescindible” recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros, ya que han recordado que el recorte acumulado del 35% en el periodo 2013-2020 ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor.

Respecto a la mesa de fiscalidad, costes energéticos y empleo, Asaja, COAG y UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de “medidas urgentes” contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos.

En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; por la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la estimación objetiva, unas medidas que ya se pusieron en marcha por parte de los ministros Elena Espinosa y Pedro Solbes.

Además, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial. En impuestos indirectos, las tres organizaciones piden la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.

Respecto al empleo, Asaja, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de Seguridad Social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que puedan realizar y no sufran penalización alguna.

En la mesa de acuerdos comerciales, demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países.

Además, instarán a Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.

En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española instan a Agricultura a que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores.

También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) también estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.

Asaja, COAG y UPA han reiterado que, de forma paralela a estas negociaciones, seguirán con las movilizaciones. Así, la semana que viene los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real (9 de marzo), Zaragoza, Cuenca y el sector apícola frente al Ministerio de Agricultura en Madrid (10 marzo), Soria y Valladolid (11 marzo) y Vitoria, Albacete y Puertos de Algeciras (12 marzo).

El 14 de marzo será el turno de los agricultores y ganaderos canarios en Tenerife, el 19 de marzo en el Puerto de Motril (Granada) y el 20 de marzo se ha convocado una gran manifestación y tractorada en Córdoba.