La secretaria del Ayuntamiento de Obejo no se presenta al juicio

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha suspendido el juicio a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Obejo, identificada con las iniciales M. S. Á. L., acusada de un delito de falsedad en documento oficial en concurso con otro de estafa, tras supuestamente firmar un anticipo de su nómina por unos mil euros, “sin tener resolución” que se la concediera.

Según han informado fuentes judiciales, la procesada no se ha presentado y se ha suspendido el juicio, en el que la Fiscalía pide para la mujer penas de cinco años y tres meses de prisión, tres años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros.

Al respecto, el Ministerio Público explica en su calificación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los hechos ocurrieron en octubre del año 2015, cuando le entregaron a la acusada la documentación del expediente de nóminas del mes de septiembre y emitió un informe de reparos dentro de su labor fiscalizadora, aunque los mismos fueron levantados por la Alcaldía para poder pagar las nóminas.

No obstante, la acusada presuntamente puso “a la firma de la alcaldesa una orden de pago confeccionada por ella misma” en la mañana que emitió el informe de reparos, “y teniendo en cuenta que ésta debía corresponderse con toda la documental entregada a la acusada con anterioridad”, la alcaldesa firmó el documento, creyendo que “la interventora municipal no alteraría los datos ya consignados en la resolución”.

Posteriormente, se observó “un desnudare bancario y la indicación de que una de las trabajadoras del Ayuntamiento no había percibido su liquidación referente al mes de septiembre”, de manera que se detectó que la interventora “había elaborado la aludida orden de pago, que no se correspondía con los datos de la documental entregada para la confección de las nóminas”.

En dicho documento, según el fiscal, la acusada se había concedido y abonado a sí misma como anticipo de nómina del mes de octubre un importe de mil euros, “todo ello sin tener resolución, ni expediente previo”. A mediados de octubre se le notificó a la interventora que devolviera el anticipo “indebidamente cobrado, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a dicha orden”.