Sandokán y su familia están imputados por no pagar 70 millones en impuestos

Rafael Gómez 'Sandokán', ante sus naves de Colecor. | MADERO CUBERO
El Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba mantiene una causa abierta desde el año 2009 en la que acusa al líder de la oposición, su mujer y sus cuatro hijos de un presunto delito contra la hacienda pública

Desde hace cinco años, en julio de 2009, Rafael Gómez Sánchez alias Sandokán, su mujer y sus cuatro hijos están imputados por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Provincial de Córdoba por un presunto delito contra la hacienda pública. Según el auto firmado por el juez en julio de 2009, al que ha tenido acceso este periódico y que hasta ahora no se conocía, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba (al que se le acumulan las causas judiciales) y toda su familia están acusados de haber dejado de pagar 69,9 millones de euros en impuestos. En concreto, y según el auto judicial, no se abonó el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Tampoco se pagó el importe del impuesto de sociedades entre los mismos ejercicios, que coinciden con los años de esplendor de las empresas de Rafael Gómez, que fue arrestado en 2006 por el caso Malaya.

En el auto, el juez impone fianzas a los acusados y como no las abonan decide embargar bienes. De esta manera, el mayor embargo trabado es, precisamente, el de las naves de Colecor. En la nota simple del Registro Mercantil sobre este bien consta un embargo trabado por este juzgado por un importe total de 69,3 millones de euros. También se anotan embargos sobre cinco fincas rústicas propiedad de la familia en Santa María de Trassierra, y otras cuatro más en los municipios granadinos de Freila y Gorafe. El magistrado traba embargos sobre estos bienes por que están a nombre de las empresas que supuestamente no habrían cumplido sus obligaciones con la Agencia Tributaria. Tanto Rafael Gómez, como su mujer y sus cuatro hijos son directivos de todas estas firmas y por eso están imputados.

En concreto, "la imputación de defraudación a la Hacienda Pública", que así lo llama el juez, afecta a un total de siete empresas de la familia de Sandokán: Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones, Grupo Inversor Arenal 2000, Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez, Grupo Inmobiliario Arenal 2000 y Mezquita Sur de Inversiones.

El auto desgrana el importe concreto de las cantidades supuestamente defraudadas. De esta manera, y en lo que se refiere al impuesto de sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado 1,03 millones del ejercicio 2004 y 15,4 millones del ejercicio 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5,89 millones por el ejercicio 2005 y Arenal 2000 (que es la que más debe) un total de 3,49 millones del ejercicio 2003, 203.616 euros del ejercicio 2004 y 32,5 millones de euros por el ejercicio 2006. En el caso de Arenal 2001 se adeudarían 884.000 euros del ejercicio 2003, 903.107 euros del ejercicio 2004 y 6,44 millones de euros del ejercicio 2006. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.000 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros 2,07 millones del año 2006.

En cuanto al IRPF, el auto detalla que el propio Rafael Gómez debe en concepto de IRPF un total de 211.293 euros en 2003, 844.912 en 2004 y 1,03 millones en 2005. Su mujer, D. S. M., debería también en concepto de IRPF 211.000 euros del año 2003, 857.000 del año 2004 y 803.000 del año 2005. Su hija E. G. S. también aparece en el auto por un débito de IRPF de 129.883 euros del año 2005.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el magistrado también estima que Rafael Gómez debe 740.000 euros del ejercicio 2004 y su mujer 677.000 del mismo año. Por último, se detalla otro débito con la Agencia Tributaria referido al ejercicio 2004 en el que no se habría aplicado retención por IRPF a la sociedad Mezquita Sur de Inversiones (la que construyó las naves de Colecor) por un total de 1,1 millones de euros.

OTRAS CAUSAS PENDIENTES

El Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba redactó este auto después de las diferentes denuncias que aglutinó y que le llegaron desde la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, y del decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba firmado el 23 de junio de 2009.

No es el único asunto pendiente de Rafael Gómez con la justicia cordobesa. El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba por Unión Cordobesa, exempresario y exconstructor está citado a las 10.30 del miércoles 14 de mayo en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3. Rafael Gómez será juzgado por ser el autor de un presunto delito de desobediencia por el que puede ser condenado a nueve meses de cárcel, según  la petición de la Fiscalía Provincial.

En concreto, la Fiscalía de Córdoba se refiere a unos hechos ocurridos en el año 2010 que fueron instruidos por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba. Según la calificación del fiscal, Gómez fue denunciado por un impago de 55.000 euros. El escrito asegura que el concejal, su mujer y su yerno, administrador del Grupo de Empresas Rafael Gómez, fue requerido por el juez hasta en tres ocasiones para que enviara al juzgado una relación de los bienes que tenía la compañía a su nombre. En las tres ocasiones, se le advirtió de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no lo hacía. Finalmente, al tercer aviso se decidió instruir la causa contra Rafael Gómez, su mujer M. D. S. M. y su yerno, R. Ll. I.

"Los acusados con absoluto desprecio a la autoridad judicial requiriente hicieron caso omiso a los requerimientos, a pesar de ser advertidos de las consecuencias de rebeldía", concluye en su escrito la Fiscalía. Rafael Gómez ya tiene antecedentes penales (aunque aún no firmes). El concejal fue condenado a seis meses de cárcel por un delito de cohecho por su implicación en el caso Malaya. Sin embargo, el edil ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No obstante, la Fiscalía ha recurrido esta condena ante el Tribunal Supremo y pide que le sea impuesta una pena de 18 meses de prisión. Ahora, en mayo, se tendrá que volver a ver las caras con la justicia.

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