Reprobar al obispo en el Pleno es inconstitucional, según un dictamen

El funcionario rechaza la admisión de una moción que Izquierda Unida había presentado para condenar las últimas palabras de Demetrio Fernández

“El funcionario de habilitación estatal que suscribe el presente dictamen estima que caso de que se incluya el contenido de la referida moción en el orden del día y el Pleno municipal apruebe la misma y se adopten los acuerdos que se proponen, podrían vulnerarse derechos fundamentales de la Constitución Española que indudablemente tiene el señor Demetrio Fernández, como también lo tienen el resto de ciudadanos españoles, tales como el de la libertad de expresión, así como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”. Este funcionario de habilitación estatal es el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, que con este informe ha tumbado la moción que el grupo municipal de Izquierda Unida quería presentar al Pleno ordinario del próximo 21 de enero para reprobar al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.

La moción arranca de la siguiente manera: “Las reaccionarias ofensas del obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernandez, comienzan a ser una constante. El último episodio acontecido el pasado 4 de enero con motivo de la festividad católica de la Sagrada Familia en su carta pastoral semanal titulada La ideología de género rompe la familia ha suscitado el rechazo masivo, tanto de colectivos feministas, como de los colectivos defensores de la libertad sexual y organizaciones LGTB, así como representantes de distintas administraciones. Y es que el señor Fernandez arremetió de forma intolerable contra los homosexuales, transexuales y las mujeres que deciden, o no, abortar, cuestionando nuevamente la dignidad de los colectivos históricamente discriminados por la Iglesia”.

La moción está firmada por el portavoz de IU, Francisco Tejada, que pide al Pleno que muestre “su más absoluto rechazo” a las palabras del obispo, instar a la Junta de Andalucía a “poner en marcha los mecanismos legales en el marco de sus competencias para evitar casos de vejación y discriminación por razones de orientación o identidad sexual”, y también al Gobierno de España para “poner en marcha le Ley de Igualdad de Trato y de no Discriminación que permitan evitar que palabras como las del obispo de Córdoba en este caso, vayan en contra de la Ley y de los valores constitucionales”.

Esta propuesta no se discutirá en el próximo Pleno. El secretario asegura que “el señor obispo tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a que se le respeten sus derechos a expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, siendo su cargo y autoridad de naturaleza exclusivamente religiosa y no política”. Por eso, el funcionario insiste en que no es procedente desde el punto de vista del ordenamiento jurídico vigente “a que se le someta desde el Pleno a una crítica o reprobación pública injustificada por el sólo hecho de haber realizado unas determinadas manifestaciones o expresiones en el ámbito de su condición de miembro de la Iglesia”. El secretario añade que admitir esta moción sería tanto como que a partir de ahora “cualquier ciudadano, independientemente de su oficio, creencias, situación económica, profesional o estatus podría ser sometido a una determinada crítica, escarnio y/o reprobación pública”.