El Registro Mercantil aún no ha inscrito la expulsión de socios del Parque Joyero

Vista aérea del Parque Joyero.
La asamblea se celebró en abril y pese a la obligatoriedad que tienen las Agrupaciones de Interés Económico de inscribir sus actos el Registro de la Propiedad reconoce carecer de “base documental”

Formalmente, los 22 socios expulsados en marzo de este año de la Agrupación de Interés Económico (AIE) del Parque Joyero de Córdoba no lo están. Al menos, no lo están donde tienen que estar. El Registro Mercantil de la Provincia de Córdoba admite a través de un escrito, solicitado por un grupo de socios expulsados, que “no consta” “base documental” de la asamblea que se celebró el 31 de marzo.

El 31 de marzo pasado, la asamblea decidió expulsar a 22 de sus más de 100 socios (ahora apenas superan los 80) por impagos. Entre los expulsados estaba el joyero más famoso de la ciudad, y además el principal impulsor del recinto, Rafael Gómez Sánchez alias Sandokán. Desde entonces, un grupo de socios se ha unido al considerar injusta la expulsión y han reclamado, incluso, la celebración de una nueva asamblea. Sin éxito.

No obstante, el documento del Registro Mercantil de Córdoba abre un nuevo episodio. Las agrupaciones de interés económico de España están obligadas a registrar en documento público sus actos, como son, desde luego, las actas de una asamblea en la que acaban perdiendo su condición de socios 22 personas o entidades jurídicas.

El Reglamento del Registro Mercantil es claro en el asunto. El artículo 266 afirma que “la separación de un socio por mediar alguna justa causa prevista en el contrato, se hará constar en escritura pública otorgada por el propio interesado, en la que consten la causa alegada y la notificación fehaciente a la agrupación”, algo que no ha ocurrido, según el documento del Registro Mercantil al que ha tenido acceso este periódico.

Además, la normativa habla de unos plazos que se habrían incumplido, ya que asegura que los administradores de una agrupación de interés económico tienen 15 días para llevar la escritura pública al Registro, algo que tampoco ha ocurrido.

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