Reclaman responsabilidad de la administración por la muerte de un preso

Este martes se inicia el juicio por el fallecimiento de un interno supuestamente a manos de otro que le propinó una paliza sin que los funcionarios los vigilaran

En 2014, José D. Márquez Peláez cumplía pena a sus 32 años en la prisión de Alcolea (Córdoba). Ese año falleció tras recibir una paliza supuestamente a manos de otro interno que acumulaba más de 40 sanciones y estaba condenado por asesinato. Ambos permanecieron un espacio de tiempo de entre 10 y 15 minutos juntos sin que los funcionarios los vigilaran ni presencialmente ni a través de las cámaras del centro. Cuando alertaron de lo sucedido, José tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía donde falleció a las pocas horas.

Ahora, coincidiendo con el comienzo de juicio por este caso el 14 de junio, la familia de José y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) reclaman la responsabilidad de la administración al entender que faltaron a su labor de vigilancia de los presos, facilitando así los hechos que se produjeron.

“Lo mataron a golpes. No sé dónde estaban los funcionarios. ¿Por qué estaban juntos dos presos peligrosos sin vigilancia? ¿Por qué no estuvieron pendientes de dos personas que estuvieron discutiendo durante un rato?”, se pregunta Aura Rocío Peláez, madre de José. Su hermana, Janet, acusa a la administración de “lavarse las manos” en este caso.

Por su parte, APDH-A reclama que se depuren las responsabilidades de la administración que “tiene como fin primordial velar por la seguridad, el control y la reinserción” en las instituciones penitenciarias, algo que en este caso no se produjo. “Se quedaron sin control durante un tiempo”, incide el coordinador de APDH-A, Valentín Aguilar, quien recuerda que “la instrucción que regula cómo deben actuar los funcionarios ante este tipo de presos con peligrosidad extrema afirma que deben ser objeto de control directo en todo momento”.

Sin embargo, tampoco existen imágenes de los hechos. La administración penitenciaria informó en su día de que por un “error humano” no se pudieron grabar dichas imágenes. Y en el expediente que abrió para aclarar los hechos -según informa APDH-A-, “constató que con los medios e infraestructura existente no era posible realizar un control que evitara el fallecimiento”, concluyendo la necesidad de ampliar y mejorar los medios materiales con los que los funcionarios controlan a los presos.

“El peligro se percibe sólo para los funcionarios, olvidándose de que los presos también son susceptibles del peligro y pueden sufrir agresiones. ¿Cómo es posible que el supuesto autor de los hechos tenga cerca de 40 sanciones por agredir a presos”, se preguntan en APDH-A, que recuerda que entre los años 2006 y 2014 fueron 20 los internos fallecidos en prisión pro agresiones.