Reclaman una fecha para las oposiciones de auxiliar administrativo

El escrito, presentado en el Ayuntamiento con la firma de varios aspirantes, indica que la suspensión acordada por el gobierno local es nula de pleno derecho y genera inseguridad jurídica entre los opositores

Las oposiciones para las 62 plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento van camino de convertirse en otra de las polémicas sin fin en Capitulares. El último capítulo viene tras el escrito presentado por un grupo de opositores contra la decisión de la junta de gobierno local, adoptada a finales del pasado mes de julio, de aplazar 'sine die' la celebración de un proceso selectivo, fijado para el próximo 7 de noviembre, y en el que están interesados cerca de 7.000 aspirantes que también se están organizando a través de redes sociales.

El motivo en el que se basa el aplazamiento, adoptado por el gobierno local, radica en esperar a que se resuelvan los dos recursos presentados contra las bases de la oposición. El primero de ellos, por la supuesta vulneración de la cláusula 13 por la que se garantiza la privacidad del opositor ante el que le corrige el examen, está previsto que se resuelva en un contencioso administrativo el próximo día 29. El segundo, relacionado con la reserva legal de plazas para discapacitados, se va a comienzos del próximo año.

Ante esta situación, los firmantes del recurso alegan que la decisión del gobierno local es nula de pleno derecho y genera inseguridad jurídica al resto de opositores que ya tenían previsto examinarse. Primero, y siempre según la reclamación, porque la decisión de aplazar las oposiciones corresponde a los implicados en las reclamaciones judiciales y no al Ayuntamiento, que no tiene un solo fundamento de derecho que justifique una medida que va contra el principio de que la Administración no puede ir contra sus propios actos.

Junto a esto, los reclamantes señalan que el texto de la resolución, que vincula una fecha a que haya una resolución judicial, deja al resto de opositores en la “más absoluta incertidumbre” porque no se especifica a qué sentencia se refiere. Esto es, si una vez que se resuelvan las reclamaciones en los contenciosos alguien reclama ante el TSJA, ¿se volverían a aplazar hasta resolver los recursos? Esta situación podría demorar años las oposiciones y, siempre según el recurso, es nula de pleno derecho ya que el Ayuntamiento podría iniciar un proceso de revisión del acto que ahora se suspende. Algo que no se ha planteado y que “cercena de manera arbitraria y por lo tanto ilegal, los derechos de los admitidos al proceso selectivo”, según los reclamantes.