Ratificada la condena a una protésica dental que se hizo pasar por dentista

Una dentista y un usuario | PIXABAY

La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de apelación presentado por una protésica dental condenada por intrusismo por el Juzgado de lo Penal al entender probado que la acusada había realizado funciones atribuidas exclusivamente a los dentistas (odontólogos y estomatólogos) y por ello la condenó a pagar una multa consistente en una cuota diaria de diez euros durante siete meses.

Según informa el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba en una nota, el juez destacó en su sentencia que “la condenada vino prestando servicios y realizando actuaciones que corresponden, en exclusiva, a los dentistas, careciendo de la necesaria habilitación profesional para ello”, al menos “entre los meses de septiembre y octubre de 2012” en un establecimiento que regentaba en la localidad cordobesa de Fuente Obejuna.

En este caso, el juez estimó como “prueba lícita” la intervención de un detective privado y no aceptó las alegaciones de la defensa de que se trata de un delito provocado. Tras una exhaustiva argumentación, señaló que “no se trata de que la detective hiciera surgir una decisión criminal en la acusada que sin su intervención no se hubiera producido” por “la posterior conducta de la acusada, quien desde el primer momento muestra su voluntad de acometer la totalidad de las labores para proveer a la madre de la detective de una prótesis aún cuando una parte fundamental de las mismas no le correspondiera por su titulación”.

Según el Colegio de Dentistas, el juez determinó en su sentencia la diferencia entre prescripción de prótesis e informe de necesidad de la misma. Así, en cuanto a la intención de la juzgada de “no comenzar el tratamiento protésico hasta que la paciente no aportara una prescripción enviándola al centro de salud para acudir al médico de familia”, el juez puso de manifiesto que “lo mismo da carecer por completo de prescripción médica que el haber podido contar con un P10 en el que el médico de familia se limita a exponer la conveniencia de que la paciente pudiera tener una prótesis”.

En este sentido, añadió que “en todo caso, aun cuando pudiere entenderse que simplemente fuera una prescripción defectuosa no ampararía ni para la realización de la prótesis ni, por supuesto, para realizar tareas que la normativa vigente la incapacita”.

Asimismo, el juez valoró, entre otras cuestiones, que la acusada tuviera instalado en el establecimiento regentado “un elemento que no tiene ninguna razón de ser en el mismo como es un sillón de dentista”, pues son “pocos usos diferentes del propio y correspondiente del dado por los especialistas puede pensarse que tenga un elemento como ese”. Además de lo anterior, “es incuestionablemente un elemento cuyo precio no ha de ser bajo, de modo que no parece que no pueda adquirirse si no es para un rendimiento del mismo”.

El Colegio de Dentistas de Córdoba ha valorado esta sentencia, que supone un “gran paso para la garantía de una asistencia sanitaria odontológica adecuada y de calidad”, luchando de forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aquellas personas que ejercen la Odontología sin tener la formación, las competencias y las capacidades legales necesarias.

Si bien la organización colegial sigue exigiendo “que se amplíen las penas de multa y los requisitos para las penas de prisión por los delitos de intrusismo profesional”, ya que considera que “no es suficiente para reducir el elevado número de infracciones que se producen en el ámbito de la odontología”.

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