Rafael Gómez evita la foto y no va al consejo que zanja el caso Colecor

FOTO: MADERO CUBERO
El líder de UCOR y constructor de más de 40.000 metros cuadrados de naves industriales ilegales deja su sitio vacío en la Gerencia de Urbanismo

No ha habido foto. Rafael Gómez no ha tenido que abandonar el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba cuando se discutía el punto sobre la aprobación definitiva del Plan Especial de la Carretera de Palma del Río porque no ha acudido. El líder de Unión Cordobesa y principal fuerza política de la oposición tenía que abandonar el consejo cuando se abordara el punto, sobre el que tiene intereses director. Gómez construyó, como propietario de Arenal 2000 y Mezquita Sur Inversiones, los más de 40.000 metros cuadrados de naves industriales en las antiguas instalaciones de la cooperativa lechera Colecor, careciendo de la licencia de obras municipal.

El Plan Especial de la Carretera de Palma del Río prevé la ordenación del suelo no urbanizable sobre el que se levantan estos 40.000 metros cuadrados de naves industriales. El documento, que ahora tendrá que pasar por el Pleno del próximo mes de diciembre, establece qué hay que hacer para que las naves construidas sin permiso puedan ser legales en el futuro. Para ello, es necesario que el propietario de ese edificio en el que se localiza la sede de UCOR presente un proyecto de ejecución que pasa, entre otras cosas, por la demolición de 15.000 metros cuadrados de naves, es decir, una tercera parte de lo construido.

El líder de UCOR no ha aparecido en los medios de comunicación desde que trascendió, el pasado sábado, que el consejo rector de la Gerencia iba a darle el visto bueno después de siete años al plan especial que tiene que zanjar el conocido como caso Colecor.

El PP, que ahora va a votar a favor un documento cuando se abstuvo en la tramitación previa, asegura que hasta que no han existido garantías jurídicas suficientes no ha llevado el plan especial a Pleno. Una vez aprobado por los concejales, el plan estará un tiempo en exposición pública para que cualquier administración o particular pueda presentar sus alegaciones. Aunque se desconoce aún si la Junta revisará el documento o no, ya ha particulares que han anunciado que lo impugnarán y lo llevarán a los tribunales.

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