Queda reinaugurado el conflicto del taxi

Varios taxis en una parada de la capital | MADERO CUBERO
Facua y E-Taxi piden la derogación de la ordenanza, tras el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que pide la anulación de catorce de sus artículos | Auttacor defiende que se siguió la normativa andaluza y el PP que “nadie es infalible”

El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, avanzado ayer por este medio, de pedir la derogación de catorce artículos de la ordenanza municipal del taxi, aprobada por el gobierno local del PP, ha reabierto unas heridas que nunca acabaron de cerrar en el sector. Ahora las diferencias vuelven a ponerse de manifiesto, aunque con un contexto muy distinto ya que el informe del órgano dependiente del Ministerio de Economía, que anuncia un recurso contencioso en el plazo de un mes, la razón está del lado de los que se opusieron a la normativa municipal.

De esta manera, la asociación E-Taxi, por boca de su presidente José Hoyos celebró el informe del Gobierno “que nos da la razón en todas nuestras quejas, en especial con las licencias que eran nuestro caballo de batalla” y cree que ahora mismo la única solución pasa porque se acaten las conclusiones y el gobierno local derogue los artículos señalados por Competencia. Idéntica conclusión es la que extrae la organización de consumidores Facua que lamenta “la falta de diálogo y consenso que siempre prevaleció por parte del anterior equipo de gobierno del PP” y señala que Nieto y la exdelegada, Ana Tamayo, “se plegaron a los intereses de la asociación mayoritaria del sector dejando a un lado, entre otros, los del resto de asociaciones del taxi y de los usuarios en la elaboración de una norma que ahora ha sido duramente criticada por la CNMC”.

No faltó tampoco la reacción de la asociación mayoritaria en el taxi cordobés, Auttacor, que, a través de un comunicado, defendió que la ordenanza “cumple rigurosamente” con todo lo dispuesto por la normativa Andaluza sobre Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, algo que precisamente se cuestiona en el informe, y señaló que “la desregulación solo persigue que se repartan el mercado empresarios con intereses particulares ajenos a un servicio público como el del taxi y algunos otros oportunistas, frente a los más de 500 autónomos que existen en Córdoba” dejando en manos de la justicia, y en ese contencioso que anuncia el Gobierno, el resultado final de la polémica.

Por parte del PP, impulsor de la ordenanza, su portavoz y exalcalde, José Antonio Nieto, quiso destacar “la complejidad” en la tramitación de la normativa y su adaptación a la norma andaluza defendiendo que el proceso para su elaboración contó con las opiniones de todos los agentes implicados, aunque reconociendo que “nadie es infalible” y que, con el informe de la CNMC en la mano, si hay que acatar los cambios que se proponen debe hacerse por parte del nuevo gobierno local. “Cuando hay un error, hay que acatarlo y ponerle solución”, señaló Nieto.

¿Y el gobierno local? Por ahora no hay una valoración oficial y el mensaje que se transmite es que el informe está siendo valorado por los técnicos municipales y que, tras conocer sus conclusiones, se ha abierto un periodo de reflexión. Sea como fuere, la decisión debe tomarse en las próximas semanas, ya que en menos de un mes el Gobierno ya ha anunciado que acudirá a los tribunales para que se derogue una norma contraria a la libertad de empresa y la competencia.

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