El PSOE propone acabar con la pobreza energética tirando de fondos públicos

El diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha asegurado que los socialistas se han comprometido a “erradicar la pobreza energética de los hogares con cargo a los presupuestos generales del Estado, porque consideramos la energía como un derecho social básico”.

Hurtado ha destacado que la regulación del mantenimiento de las condiciones adecuadas de climatización de la vivienda para personas vulnerables y de quienes sufren pobreza energética es un desarrollo del artículo 47 de la Constitución del derecho a la vivienda.

“El PP ha hundido a las empresas que apostaron por el aprovechamiento de las energías renovables, ha subido el precio de la electricidad y ha propiciado una disminución de los salarios”, ha afirmado el diputado socialista, que ha recordado que “la tarifa de la luz ha aumentado un 52% desde el 2008”.

Hurtado ha asegurado que las directivas europeas requieren a los estados la regulación necesaria para garantizar el suministro eléctrico y de gas imprescindible para las condiciones mínimas de vida digna asociadas a la vivienda habitual a un precio asequible para el consumidor vulnerable y la prohibición de la desconexión en periodos críticos a estas personas vulnerables.

Sin embargo, ha recordado Hurtado, tanto la ley de hidrocarburos como la ley del sector eléctrico no han definido el concepto de consumidor vulnerable, como aquel que no dispone de renta para satisfacer sus necesidades domésticas básicas de energía.

De este modo, con la regulación actual solo se puede acceder a la bonificación del 25% con el bono social o que los servicios sociales municipales te ayudarán a pagar la factura de luz o gas.

Hurtado ha añadido que la fórmula de las bonificaciones tiene problemas jurídicos en cuanto a quién financia la bonificación -operadores, distribuidores, el propio sector en su conjunto-, y la cobertura a través de los servicios sociales se muestra claramente insuficiente y voluntarista.

Por eso, y teniendo en cuenta que, según Hurtado “el problema es grave y la pobreza energética ocasiona hasta 7.000 muertes en España al año”, la solución requiere “un cambio de sistema y desarrollar tanto las directivas europeas del sector eléctrico y del gas que contemplan la necesidad de garantizar la habitabilidad de los hogares de consumidores vulnerables, definir situación y circunstancias de los consumidores vulnerables y protegerlos para que no se les corte el suministro en periodos clave del año”.

En este sentido, las novedades de la proposición legislativa socialista incluye que “se consideren consumidores vulnerables los pensionistas con pensiones mínimas, los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas que sufran pobreza energética y aquellos hogares que tengan renta familiar per cápita que no supere el 75% del salario mínimo interprofesional”.

Además, la iniciativa socialista prevé que se considerará pobreza energética cuando sea consumidor vulnerable que destina más del 10%de los ingresos familiares disponibles a climatizar su vivienda y que las comercializadoras no podrán cortar el suministro en el caso de pobreza energética hasta que no lo autorice la Administración competente.

En el mismo sentido, el PSOE pretende que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia determine el procedimiento y la autorización requerida y que se establezca una tarifa social para garantizar el suministro y el déficit que supone para las empresas suministradoras se sufragará con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Por último, la proposición legislativa socialista incluye que se financie con recursos públicos las inversiones para mejorar la eficiencia energética de los hogares que sufren pobreza energética.