El PSOE pide medios para acabar con los cebos envenenados

Dos agentes de medio ambiente, rescatando un buitre.
María Jesús Serrano reclama al Gobierno que luche “con todos sus medios jurídicos y policiales” para acabar con esta lacra

La diputada del PSOE por Córdoba, María Jesús Serrano, ha pedido al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy que luche “con todos sus medios jurídicos y policiales”, y en colaboración con las comunidades autónomas, contra el uso ilegal de productos químicos como cebos envenados.

A través de una nota de prensa, Serrano ha recordado que solo algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, disponen de estrategias específicas para luchar contra esta lacra, “por lo que solo en determinados territorios del país se destinan recursos y esfuerzos para la localización de sustancias nocivas para el medio rural”.

La diputada socialista ha explicado que, de acuerdo con el estudio El veneno en España, realizado por WWF y SEO BirdLife con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre los años 1992 y 2013 se registraron 8.324 episodios de envenenamiento en España, con el resultado de 18.503 animales muertos.

Según ha indicado Serrano dicho estudio concluye que el uso ilegal de veneno constituye una amenaza muy grave para la biodiversidad española. Es por eso que la diputada socialista ha considerado necesario que se modifique el Código Penal para incrementar las penas por el uso, tenencia y tráfico de estas sustancias químicas e insta al Estado a personarse en los casos que tengan entrada en los juzgados por esta causa.

“Es necesario que el Seprona investigue el tráfico de este tipo de sustancias que envenenan el campo, a las personas y a especies de alto valor ambiental como el águila imperial, los linces ibéricos y los quebrantahuesos”, ha añadido Serrano.

En definitiva, la diputada del PSOE ha afirmado que “por los efectos enormemente perjudiciales que tiene el uso ilegal de sustancias químicas como cebos venenos en el campo tanto para las personas como para las especies silvestres protegidas y para los animales domésticos, el Estado debe actuar, no puede seguir impasible”.

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