El PSOE de Córdoba critica que el Gobierno andaluz quiere acabar con la Renta Mínima de Inclusión

La vicesecretaria general de Política Municipal del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, ha criticado este viernes que el Gobierno andaluz de PP y Cs pretenda “acabar con la Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía, eliminando derechos y dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad”.

En este sentido, y en un comunicado, Amo ha explicado que la Junta de Andalucía “ha notificado a los ayuntamientos que a partir del lunes 15 de junio, fecha en la que se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, se deja de tramitar la Renta Mínima de Inclusión Social, y que sean los propios consistorios los que paren las solicitudes y lo comuniquen a las familias”.

En opinión de Amo, “lo que pretende el Gobierno de PP y Cs es ahorrarse la financiación de la Renta Mínima y acabar con un derecho de la ciudadanía que peor lo está pasando”, cuando “se trata de un derecho reconocido por ley y por el propio Estatuto de Autonomía y cuya eliminación, además, puede acabar en los juzgados, salvo que modifiquen esta norma y establezcan una nueva cobertura de la Renta Mínima andaluza”.

La dirigente socialista ha insistido en que “no se puede eliminar un derecho con una carta, ni valen aclaraciones de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que nada aclaran, lo único que le queda al Gobierno andaluz es dar marcha atrás, pedir perdón y comprometerse a no recortar derechos, ni presupuesto”.

“El Gobierno de las derechas --ha proseguido-- sigue intentando buscar argumentos jurídicos inexistentes para confundir a la población, porque es falso que ambas prestaciones sean incompatibles”, ya que “cualquier persona puede solicitar una y otra prestación, incluso las dos, al no ser incompatibles, otra cuestión es que al calcular la Renta Mínima de Inclusión Social se tengan en cuenta las cuantías percibidas del Ingreso Mínimo Vital y ésta pueda ser denegada por superar los ingresos”.

La Renta Mínima de Inclusión Social de Andalucía contempla los supuestos de urgencia o emergencia social con un plazo abreviado de resolución, procedimiento que además ha sido recientemente modificado para que puedan acceder familias con menores a cargo o unipersonales, que lo podrán solicitar durante el estado de alarma y sus prórrogas, y durante los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma.

Amo ha señalado que “en algunos supuestos, especialmente en el caso de los menores de 23 años, la Renta Mínima de Inclusión Social contempla supuestos no cubiertos por el Ingreso Mínimo Vital, e incorpora además de la prestación económica el itinerario de inserción socio-laboral”.

Por todo ello, según ha insistido, “el Gobierno andaluz debe rectificar su decisión de enterrar la Renta Mínima de Inclusión Social con la paralización de solicitudes, y debe destinar su presupuesto de 140 millones de euros a complementar y mejorar el Ingreso Mínimo Vital en nuestra comunidad”, porque “el Gobierno de las derechas no puede regatear con el dinero de los más necesitados, dejando en la estacada a las familias más vulnerables, debe rectificar y comprometerse con quienes peor lo están pasando”.