El Gobierno ha consultado con siete consejerías de la Junta la ampliación de El Cabril

Instalaciones de Enresa en El Cabril

El Gobierno ha consultado con siete consejerías de la Junta de Andalucía el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que prevé la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la Sierra Albarrana, en Hornachuelos. Este jueves, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, rechazó la ampliación en una respuesta parlamentaria.

“No estamos de acuerdo ni en las formas ni el fondo”, sostuvo Moreno en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, sobre gestión de residuos, tras explicar el anuncio del Gobierno de mantener abierto El Cabril hasta 2035 con el añadido de duplicar su almacenamiento de residuos de baja y media intensidad. “Se lo hemos dicho al Gobierno”, ha proseguido explicando el presidente andaluz, quien ha reclamado al Gobierno que “estas cosas se hablan, no se imponen”, argumento al que ha añadido una razón de fondo como que “no se han evaluado todos los impactos” para advertir del hecho de que “todos los residuos de España se enviarán a El Cabril como consecuencia de la ampliación”.

Sin embargo, en los diferentes documentos de gestión del Plan General de Residuos Radioactivos constan consultas con hasta siete consejerías del gobierno andaluz. El primer borrador, firmado el 16 de marzo de 2020 (en plena crisis sanitaria), fue sometido al trámite de consultas previas, que tenía que concluir con la evaluación ambiental por parte de la Junta. En ese verano, se remitió el plan a las consejerías de Presidencia, Hacienda, Agricultura, Economía, Fomento y Cultura. La propia Junta remitió un informe, firmado por Agricultura, sobre cuestiones ambientales.

Tras las consultas se elaboró un segundo documento, fechado el 11 de abril de este 2022. El plan fue sometido nuevamente a consultas de las administraciones interesadas y también de particulares. Nuevamente, se remitió a otras siete consejerías (las mismas anteriores). Cinco de las siete consejerías contestaron el requerimiento y el Gobierno central recibió informes de la Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior), que indicaba que no tenía observaciones ni sugerencias; de la Dirección General de la Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que efectuaba observaciones de carácter ambiental; de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el que alegaba el impacto ambiental en la Sierra Albarrana y se pedía “reducir los riesgos asociados al transporte de residuos” radioactivos; de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, quien efectuaba varias observaciones sobre el Estudio Ambiental Estratégico, y otras sobre la ampliación de El Cabril o sobre el funcionamiento de la instalación; de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba; de la Oficina Andaluza de Cambio Climático; del Gabinete de Planificación; de la Consejería Técnica; del Servicio de prevención y control ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, quien efectuaba dos observaciones de carácter ambiental; de la Consejería de Salud y Familias, que señalaba que “los efectos adversos y favorables han sido correctamente identificados y que, en consecuencia, puede continuarse con la tramitación del expediente”; y de la Dirección General de Ordenación el Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Tras la resolución de las alegaciones, el Ejecutivo ha presentado una tercera versión, fechada el 7 de noviembre, y que fue remitida al Consejo de Seguridad Nuclear. El Gobierno asegura que también ha sido enviado a las comunidades autónomas. En este trámite, de la Junta de Andalucía, ha sido consultada la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Por último, el Ejecutivo ya señaló en su día que el proyecto de ampliación de nuevas celdas en El Cabril será objeto de su propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento de la Ley 21/2013, que se espera iniciar en fechas próximas.

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