Prisión para el cordobés que cobró un millón en sobornos

La juez Alaya, entrando en la Audiencia Provincial de Sevilla.
La jueza sevillana acusa al gerente de ADIF en la provincia de haber recibido sobornos para favorecer a Fitonovo en la consecución de contratos públicos

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha enviado a prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 250.000 euros a Enrique José Finch Ramos, el gerente de ADIF en Córdoba detenido el pasado martes por la Guardia Civil en el marco de la operación Enredadera. Finch Ramos está acusado de haber cobrado más de un millón de euros en mordidas por parte de la empresa sevillana Fitonovo a cambio de que ésta ganara concursos públicos de limpieza y mantenimiento de líneas convencionales y de alta velocidad. Fuentes judiciales han asegurado que el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza Alaya.

Finch Ramos fue detenido el lunes junto a otro trabajador de ADIF (un “mando intermedio” que responde a las iniciales L. M. R.), que la investigación asegura que habría colaborado con la trama de corrupción de funcionarios públicos creada por la empresa Fitonovo en diversas administraciones públicas de España. Este segundo trabajador de ADIF también habría cobrado sus correspondientes “mordidas”, pero mucho menores: 22.904 euros repartidos entre los años 2007 y de 2009 a 2012, insisten las fuentes de la investigación. Este hombre ha quedado en libertad con cargos.

Los pagos habrían sido ordenados y anotados por el director general de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera Foye, al que el pasado lunes la juez Alaya envió a prisión provisional, eludible con el pago de una fianza de 250.000 euros. Estos pagos estarían acreditados en un “programa de contabilidad” localizado por la Guardia Civil en el registro de las oficinas de Fitonovo y en el despacho del propio Bruguera. De hecho, fuentes del instituto armado destacan que “los pagos a funcionarios están acreditados por las correspondientes facturas y anotaciones manuscritas en las mismas”.

El objetivo de estos pagos (que no son tan elevados como en el caso de Córdoba pero que se repiten en Sevilla, Jaén, Zaragoza, Barcelona y hasta Madrid) es que Fitonovo se asegurase un “macrocontrato” con ADIF para “la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad” en trabajos de desbroce de cunetas y taludes. De hecho, la Guardia Civil constata cómo Fitonovo tiene una “importante facturación” con ADIF a partir del año 2008, que es cuando empieza a hacerse con estos contratos. Los investigadores apuntan, además, que Fitonovo paga tanto al gerente como al técnico de Infraestructuras de ADIF en las provincias de Córdoba, Sevilla y Zaragoza con el objetivo de asegurarse que finalmente se haría con los contratos.

En total, Fitonovo habría sobornado a diez técnicos de ADIF para hacerse con este macrocontrato. En sus mordidas, la empresa investigada por la Guardia Civil habría discriminado el importe de los sobornos según el cargo del sobornado. Así, a los gerentes pagaba cantidades superiores a los 100.000 euros, mientras que a los técnicos los importes variaban de los 30.000 a incluso cantidades menores de apenas 2.000 euros. Eso sí, siempre a cargo de la caja B de Fitonovo.

La juez Alaya, en uno de sus escritos, ha destacado que “el informe elaborado por la Guardia Civil ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionario públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios públicos”. Además, agrega que “todo esto se ha puesto de manifiesto en el atestado de la Guardia Civil, cuya excelencia en el análisis de prueba permite concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidosa y consistentes”.

Etiquetas
stats