El presidente de la Audiencia califica 2012 como “un año perdido”

Eduardo Baena subraya el carácter pesimista de la memoria del TSJA

“Un año perdido”. El presidente de la Audiencia de Córdoba, Eduardo baena, no se anda con medias tintas. El pasado curso no se abordaron los principales problemas a los que se enfrentan los jueces andaluces, ni la infinidad de frentes que rodean a los tribunales y audiencias de Córdoba y su provincia. “No se ha producido ningún avance durante 2012 en materia de administración de justicia”, ha dicho esta mañana en una rueda de prensa en la que ha resumido la memoria de 2012 que ha publicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El volumen de trabajo no solo no ha menguado sino que sigue creciendo. “ ”Cada vez soportan una mayor carga competencial y se aprecia una falta de impulso para arreglar todas las disfunciones“, ha subrayado Baena. Y todo ello no hace sino enervar más el día a día de jueces y magistrados que, junto al resto de funcionarios de Justicia, que ven cómo tienen que multiplicar su esfuerzo para mantener los bajos tiempos de demora de los que Córdoba goza. Todo ello, a expensas de que se haya creado un ”un aumento de la crispación en los jueces, que no se traduce en dejación de sus funciones“.

A estos problemas que llevan más de un lustro soportándose, las recetas que se plantean para mejorar la situación son las mismas en las que la presidencia de la Audiencia lleva tiempo insistiendo: “La necesidad de una nueva estructura de la administración de justicia”, ha repetido Baena, junto a una nueva demarcación judicial y refuerce “la tarea pendiente de extender la cultura del acuerdo previo a la celebración del juicio oral” para descongestionar de papeleo y trámites los juzgados. Unos juzgados que, por otro lado, se han visto inundado por los efectos que la crisis económica tiene en cuanto al “aumento de la litigiosidad en determinadas materias”, incluyendo “los desahucios y los despidos”.

En este sentido, el presidente de la Audiencia ha afirmado que no puede sino apoyar que los jueces de Primera Instancia hayan decidido suspender los desahucios en la provincia con el fin de garantizar la posibilidad de control de cláusulas abusivas que deriva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) del 14 de marzo, hasta que se resuelva la cuestión o la reforma de la legislación hipotecaria, prevista por el Gobierno central.