Prasa y los Sánchez Ramade niegan los hechos que le imputa Alaya

La magistrada, que sospecha basándose en un informe de la Guardia Civil que se presentaron a un concurso amañanado para no ganarlo, les tomó ayer declaración

Lo negaron todo. Tanto José Romero, presidente del consejo de administración de la promotora cordobesa Prasa, como a Martín Eugenio Sánchez Ramade Moreno y Vicente Sánchez Ramade Carrascosa, del consejo de administración de Edamar (Ramade al revés), negaron los hechos que le imputa la juez más famosa de España, la magistrada Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La juez se sostiene en un informe de la Guardia Civil para sospechar que estos tres promotores, junto a otros cuatro más (entre los que están los dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez) se presentaron a un concurso amañado por los suelos de Mercasevilla. El informe del instituto armado asegura que sospechosamente estas empresas presentaron la oferta mínima por los suelos, en una actitud inusual.

Los empresarios cordobeses no declararon hasta la juez hasta bien entrada la tarde, pese a haber estado citados por la mañana. Según ha trascendido, José Romero dijo que “no esperaba ganar el concurso” por los suelos de Mercasevilla, que al final obtuvo la inmobilaria Sanma, y que se presentó al mismo “como el que se presenta a un examen sin haber estudiado mucho”. Por su parte, Martín Eugenio Sánchez Ramade reconoció ante la juez “no saber mucho” del concurso y que se presentó al mismo con las condiciones que le habían planteado los técnicos. Mientras, Vicente Sánchez Ramade Carrascosa reconoció haber firmado la oferta, pero negó haberla redactado. Al contrario, dijo que la recibió ya hecha y que la firmó como un poder notarial.

La juez no ha creído demasiado su versión, ya que les ha mantenido la imputación, junto con el resto de empresarios que se presentaron al mismo concurso de Mercasevilla. Mercedes Alaya quiere saber porqué Sanma se hizo con los suelos a un precio inusualmente bajo. Sanma se hizo con los terrenos por 106 millones de euros, pese a que otro grupo inmobiliario, llamado grupo Noga y que no está imputado en la causa, presentó una oferta superior a los 150 millones de euros.

Alaya sostiene que estos siete empresarios han podido cometer un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. Mientras tanto, la juez sigue adelante con una macrocausa que comenzó a investigar en el año 2009 y que tiene a un total de 15 imputados, entre los que destaca el actual portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.