El PP denuncia un recorte de 10 millones de la Junta en Córdoba en ayuda a domicilio

Una disminución significativa en la cuantía económica y así como en las opciones de unas mejores condiciones laborales son las circunstancias que denuncia el Partido Popular (PP) de Córdoba en relación a la ayuda a domicilio en la provincia. Según esta formación, el cambio de la normativa por parte de la Junta de Andalucía en referencia a la prestación de ese servicio supone un importante paso atrás y coloca en un lugar complicado a todos los ayuntamientos. “Con su orden del 28 de junio la Junta perpetra posiblemente un ataque a la política social en nuestra tierra sin precedentes. Ésta es la herramienta a través de la cual da un duro golpe”, indicó el portavoz popular en la Diputación, Andrés Lorite, quien aseveró que se trata de “un recorte histórico” que cifró en torno a los diez millones de euros en todo el territorio de Córdoba.

Lorite realizó dichas afirmaciones en una rueda de prensa conjunta con el portavoz del PP en Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, y el presidente provincial del partido, Adolfo Molina. Precisamente el edil de la capital inició la comparecencia para asegurar que la decisión es negativa “para los usuarios y para los ayuntamientos”. “Hasta ahora la Junta tenía la obligación de adelantar el dinero a los ayuntamientos para prestar el servicio, que en la provincia reciben más de 6.000 personas. Lo incumplía y se producía un retraso de unos tres meses de media, por lo que el Ayuntamiento tenía que adelantar el dinero. Ahora, la Junta ya no tiene esa obligación de adelantar el dinero, sino que lo pagará cuando esté justificado”, explicó Bellido, que además resaltó que “ha fijado un precio máximo por horas, en lo que se puede pagar  las empresas que prestan este servicio, pero no uno mínimo”.

“Todos los cordobeses estamos teniendo que pagar lo que tendríamos que pagar entre todos los andaluces. Ahora es un euro por hora, que viene de la necesidad de las condiciones laborales que se exige que la empresa tenga con sus trabajadores”, expuso a continuación. Así, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Córdoba pidió que “la Junta cumpla, que pague antes para que el Ayuntamiento no tenga que adelantar y que pague lo que es necesario para que los trabajadores tengan unas condiciones como las que deben tener”. José María Bellido señaló que en la provincia el coste de la ayuda a domicilio es de “aproximadamente unos 900.000 euros al mes, unos once millones al año”. “

Más rotundo fue Andrés Lorite a la hora de hablar de la medida de la Junta en relación a este asunto. “El sistema pasa de ser un adelanto a cuenta (de los ayuntamientos) a ser una liquidación mensual, que se pagará o no se pagará. En segundo lugar, se produce un descenso de fondos que podemos cifrar en torno a diez millones de euros. Es un recorte drástico, una reducción brutal”, expresó el portavoz del PP en la Diputación, que también aportó otras cifras. “En los municipios mayores de 20.000 habitantes la media que se paga es de en torno a 10,5 euros la hora, hasta lo que proporciona la Junta, que son 13. Hay un descenso porque el remanente se utilizaba para hacer gestión del servicio, para imputar los gastos de administración y llevar a cabo otros programas. Ahora la Junta únicamente va a ingresar el coste de la hora, del servicio”, relató antes de señalar que la reducción “en los municipios menores de 20.000 habitantes es de en torno a 5,6 millones de euros”.

Por otro lado, Lorite afirmó que el PP denunció “muchas veces los impagos de la Junta”, que “oscilaban entre los seis y los ocho meses de retraso”. “Ahora va a ser mucho peor, porque va a haber liquidación mensual y les pagarán o no les pagarán, pero no se podrán adelantar los pagos por parte de la Diputación. Lo van a sufrir las personas asistidas y las empresas adjudicatarias, y sus trabajadoras”, dijo el portavoz popular en la Diputacion. “Ante este golpe sin precedentes a las políticas sociales que hacen los que siempre presumen de sociales vamos a presentar mociones en todos y cada uno de los ayuntamientos de Córdoba pidiendo que se anule esta orden y, en segundo lugar, que se consensue con los ayuntamientos, con los agentes implicados y se tengan en cuenta esos gastos de gestión, de calidad y de dignidad, que son esenciales en la prestación de éste y otros servicios públicos”, advirtió para concluir.