El Pleno aprueba llevar a la Fiscalía las palabras de Rafael Gómez

El líder de UCOR protagoniza un debate delirante y luego abandona el plenario al no poder votar por tener intereses particulares sobre la moción

En Twitter, el debate sobre el Pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento de Córdoba se bautizó con el hashtag #plenomurta. Tras la explosiva rueda de prensa del constructor, empresario y ahora concejal Rafael Gómez (UCOR), en la que afirmó que había recibido autorización verbal para sus construcciones sin licencia por las que tiene sanciones que alcanzan los 40 millones de euros, el PP planteó discutir en el Pleno sobre los procedimientos tributarios municipales de los grandes deudores de Córdoba. IU presentó a última hora una enmienda de adición a esta moción en la que instaba al Pleno a que aprobase llevar las palabras de Gómez a la Fiscalía. Tras el abandono del Pleno de todos los concejales de UCOR, PP, IU y PSOE aprobaron la moción y la enmienda por unanimidad.

Es decir, el Ayuntamiento tendrá que remitir a la Fiscalía las palabras del concejal Rafael Gómez. El pasado 6 de febrero, el líder de UCOR dijo que en el pasado había celebrado reuniones clandestinas con el equipo de Rosa Aguilar y que contó con permisos verbales para construir urbanizaciones y complejos por los que luego fue multado.

El debate fue tenso y accidentado. Los concejales de UCOR tuvieron que abandonar el Pleno. Primero fue María José López de la Bastida, que ni vino por enfermedad. Después fue Carlos Baquerín, al principio del debate del punto. Baquerín alegó que afectaba de forma directa y personal a concejales de su formación y por eso se marchó. Rafael Gómez, Aurora Aguilar y Rafael Gómez se quedaron al debate. De hecho, Gómez participó en él con estridencia y a voces. Antes del inicio de la votación abandonaron la sala, a instancias del secretario, Valeriano Lavela.

Al principio, el debate discurrió con una tranquilidad inesperada. Ni el concejal de Hacienda ni los portavoces de IU y PSOE, José María Bellido, Francisco Tejada y Juan Pablo Durán, pronunciaron el nombre de Rafael Gómez o las palabras “multa” o “Colecor”. Al contrario, iniciaron un debate técnico sobre los procedimientos del cobro de sanciones.

Pero la tranquilidad del debate la rompió Rafael Gómez. En una intervención delirante, donde gritaba más que hablaba y en la que se llegó a comparar con Jesucristo, Rafael Gómez se hizo la víctima. El líder de UCOR acusó al Ayuntamiento de querer verle a él y a su mujer “recogiendo cartones”. Empezó defendiendo que en el mandato anterior la entonces alcaldesa, Rosa Aguilar, le encomendó a que hablara con su concejal de Urbanismo, Andrés Ocaña, para intentar saldar el pago de las multas por la construcción sin licencia de la urbanización de Carrera del Caballo con la entrega de suelo en los Baños de Popea y los cines de verano que son de su propiedad. Sin embargo, ese acuerdo se rompió y según su versión comenzaron a embargarle bienes.

En su hilarante intervención, Rafael Gómez vino a proponer una nueva concepción de la democracia local al exponer que las mociones en los plenos no sirven para nada (su propio partido presentaba una). “Lo que se discuta en el Pleno me entra por un oído y me sale por otro”, insistió un Gómez que se llegó a girar para acusar a Tejada de no haber hecho nada por la ciudad. El portavoz de IU le había pedido que se retractara por haber acusado a los funcionarios del servicio de Recaudación de cobrar en sobres complementos por ejecutar el pago de las multas. “Yo no me tengo que retractar de nada”, gritó Gómez, dirigiéndose a Tejada.

Tras su discurso, en el que el concejal de Hacienda le reprochó que los grupos políticos municipales sí vienen al Ayuntamiento a trabajar, UCOR abandonó el plenario. El PP asumió la enmienda de IU y el PSOE la votó a favor. Esa enmienda incluye también una petición al fiscal para que investigue lo denunciado por José María Bellido, que consideraba “sospechoso” que Gómez dijera que Rosa Aguilar le había asegurado que la multa se iba a quedar en 6.000 euros y que finalmente un primer expediente sancionador acabó caducando.

La moción aprobada también insta al Ayuntamiento a que tras solicitar un informe técnico se intente cobrar las grandes deudas pendientes por parte del Ayuntamiento derivando las responsabilidades a los administradores de las empresas morosas.