Los padres de Alejandra demandaron a la aseguradora del SAS y esperan fecha de juicio

Los padres de Alejandra, la menor de 16 meses con lisencefalia provocada por la mutación del gen FOXG1, demandaron a la aseguradora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital Reina Sofía que provocó el retraso en el diagnóstico de la enfermedad de la pequeña. En el escrito, el abogado José Antonio Ramos Mesonero solicita una indemnización millonaria fruto de esta mala praxis y de la “dramática y penosa” calidad de vida tanto de la pequeña como de sus padres, que esperan fecha de juicio.

Según ha explicado el abogado de la familia a este periódico, la demanda fue formulada el pasado mes de octubre contra Sociéte Hospitaliére D'Assurances Mutuelles (SHAM), que todavía no ha presentado alegaciones dado que ha planteado una declinatoria para este caso se resuelva ante la jurisdicción contencioso administrativa y no ante la civil, como propone el letrado.

A lo largo de la demanda, el abogado refiere la deficiente asistencia sanitaria que recibió Elisabeth del Hoyo a partir de la semana 20 de embarazo, etapa en la que pudo verse que la pequeña venía con una importante anomalía en el desarrollo neurológico. Para corroborar esta tesis, la familia ha recurrido a un perito médico y especialista en Obstetricia y Ginecología, que ha certificado que las medidas craneales ya estaban muy por debajo de lo normal en dicha semana. Cabe recordar que, según el testimonio de la familia, la respuesta del médico ante las medidas de la pequeña fue que “la madre tenía una cabeza pequeña” y de ahí, la de la niña, argumentación que rechaza Ramos tras no ajustarse a ninguna evidencia científica.

En la semana 21, el informe clínico certificó que Alejandra se trataba de un “feto pequeño pero con crecimiento mantenido desde la ecografía anterior”, una afirmación que -según el letrado- no debía haberse realizado “cuando se mantienen fuera de rango la circunferencia cefálica”, es decir, la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. En dicho informe, además, se deja constancia de la baja circulación de sangre en la niña, un marcador de riesgo de que Alejandra venía con un retraso en el crecimiento. “Nuevamente no se hizo nada y debería de haberse informado a los padres de la importancia del diagnóstico precoz intraútero de este hallazgo” explica el abogado.

No fue hasta la semana 31 de gestación cuando ya se diagnosticó la microcefalia, eliminando por completo la posibilidad legal de interrupción voluntaria del embarazo. A pesar de ello, una vez se produjo el parto, entre los datos clínicos que se hizo constar reza el “diagnóstico prenatal de microcefalia en la semana 20 de gestación”.

“Aunque es pronto para concretar exactamente cada una de las limitaciones que va a tener Alejandra”, continúa la demanda, desde su nacimiento, la pequeña requiere terapias diarias para mejorar su calidad de vida y una atención constante debido a su alto grado de dependencia. En consecuencia, el abogado reclama para Alejandra una indemnización de 2.157.893,83 euros más 9.500 euros anuales vitalicios desde su nacimiento el 15 de febrero de 2019y otros 95.000 euros para los padres. El Servicio Andaluz de Salud no ha querido hacer declaraciones al tratarse de un asunto judicializado.