Niegan “inconvenientes” en el trato al discapacitado echado de su centro

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El Gobierno niega ningún “inconveniente” en el trato recibido por Antonio Miguel Rodríguez, el usuario que el 31 de octubre de 2016 fue expulsado del centro Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (Camf) que el Imserso tiene en Pozoblanco. Las más de 30 denuncias internas presentadas en las instalaciones contra el paciente -afectado una lesión que le impide moverse de cuello para abajo- a causa de su presunto comportamiento conflictivo, derivaron en esa tajante orden judicial. Rodríguez siempre negó siempre los hechos y afirmó que se le había maltratado y vejado.

El Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria a los diputados socialistas Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, niega impedimentos al usuario o su familia por parte del centro. Ahora bien, reconoce que la familia solo pudo acceder al centro de forma habitual hasta el 14 de octubre. La hermana y la madre de Rodríguez denunciaron en septiembre que el centro de Pozoblanco había decretado ese mismo mes la prohibición de que ningún familiar de Antonio Miguel pudiese acceder a las instalaciones. El Gobierno no explica por qué se dio esa orden que la familia siempre rechazó y criticó.

El calvario que describió la familia en sus denuncias comenzó en Pozoblanco al poco de llegar Antonio Miguel, a finales de junio del año pasado. Según informaron por escrito los allegados, a los meses de llegar al interno se le retiró la silla de ruedas de motor eléctrico que usaba para desplazarse. La familia explicó que, debido al peso del vehículo -unos 100 kilos- y del propio usuario -unos 97- los cuidadores se quejaron a la dirección de los problemas para moverlo. La solución fue sustituir la silla de motor eléctrico por una manual que impide a Antonio Miguel desplazarse autónomamente. En septiembre, además, el denunciante afirma que sufrió un accidente en el exterior al deslizarse la silla manual hasta una carretera y terminar él herido en el asfalto.

Por contra, el Gobierno afirma en su respuesta que “el usuario ingresó en el centro careciendo de silla de ruedas, ante los cual el Camf le proporcionó una silla de motor eléctrico, propiedad del centro. No obstante, se consideró más adecuado usar para sus propios desplazamientos dicha silla pero en modo manual y, posteriormente, se le proporcionó otra silla autopropulsable adaptada completamente a sus necesidades”. Posteriormente, prosigue el Gobierno, fue remitida al centro una silla de motor eléctrico “sin destinatario concreto que, tras constatar que era propiedad del usuario, inmediatamente se le hizo entrega de la misma depositándola en su propia habitación el 10 de octubre de 2016”.

Desde su expulsión, Rodríguez estuvo con su madre y su hermana residiendo en un hotel que no contaba con una cama articulada y otros requisitos mínimos para su estado. Antonio Miguel sufrió una crisis de hipotensión que obligó a trasladarlo al hospital de Pozoblanco, donde permaneció ingresado hasta que, en diciembre, fue trasladado a Las Palmas para residir “en un centro adecuado a sus necesidades”, asegura el Gobierno.

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