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Nace la asociación de familias de personas desaparecidas centrada especialmente en menores

Imagen de otra concentración para reclamar que se mantenga la búsqueda de Paco Molina | TONI BLANCO

Redacción Cordópolis

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La Asociación de Familias y Amigos de Personas Desparecidas de Córdoba (Afadecor) se ha creado oficialmente en los últimos días para atender sobre todo causas de menores desaparecidos, tras dar sus primeros pasos en el mes de noviembre, pero hasta ahora no es cuando ha tomado forma.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del colectivo, Isidro Molina, el padre de Paco Molina, el joven cordobés que desapareció con 16 años el 2 de julio de 2015 en la capital cordobesa, ha explicado que van de la mano de la Fundación QSDglobal para la búsqueda de personas desaparecidas.

Al respecto, ha detallado que la asociación cordobesa se dedica a la labor sobre menores desaparecidos, mientras que en Barcelona ha surgido otra centrada en los mayores desaparecidos y una tercera en el País Vasco para personas desaparecidas en el extranjero, resaltando que las tres trabajarán de manera conjunta, con el fin de que los casos tengan atención.

Según ha apuntado Isidro Molina, el colectivo nace con una veintena de personas y pretende comparecer en el Parlamento regional para que se tengan en cuenta sus causas y haya ayuda ante “la dramática situación de las familias” en estos casos, donde cree que están “abandonados en muchos aspectos” por las instituciones, de ahí que haya pedido “la implicación de la Junta”, porque “Andalucía es de las comunidades con mayor índice de desaparecidos”, ha advertido.

En relación con el caso de su hijo, ha comentado que se mantiene la labor de investigación, sin trascender novedades a tal efecto, todo ello después de que los padres del joven han habilitado el correo electrónico 'buscandoapacomolina@gmail.com' para que ciudadanos que se realizaran fotos en torno a los primeros días de julio de 2015 en el centro de la capital cordobesa o las estaciones de autobús de Córdoba, donde se le vio coger un autobús, o en Madrid, hacia donde se dirigía dicho vehículo, las envíen al correo.

Igualmente, ven “interesantes” fotos del área de servicio de Pedro Abad (Córdoba), por ser lugar de parada del autobús. Hasta la fecha han recibido varias fotografías, pero “sin el resultado” por el momento para dar alguna pista.

En concreto, se piden las fotos de dichos lugares “por si en el trasfondo de alguna estuviera Paco y ver las compañías con las que estaba”, al tiempo que comentan que las fotos son “totalmente confidenciales y no se van a publicar”, pero “a lo mejor” pueden dar pistas para la investigación, recordando lo ocurrido a tal efecto en el caso de la menor Madeleine McCann.

Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha reabierto la causa tras contar con nuevos indicios de la Policía Nacional, que siempre ha mantenido abierto el caso, aunque en lo judicial estaba provisionalmente archivado hace más de año y medio, según ha señalado el padre.

“No se llevó dinero ni ropa”

Cabe recordar que Francisco Molina Sánchez se encuentra en paradero desconocido desde el 2 de julio del año 2015, cuando quedó con unos amigos en la capital cordobesa.

Desde el principio del caso, su padre ha puesto en duda que su hijo se marchara voluntariamente, dado que “no se llevó el dinero que tenía en casa, ni tampoco ropa”, por lo que no entiende cómo, según testigos, el menor tomó un autobús hacia Madrid, donde se le perdió la pista.

Durante este tiempo han recibido muchas llamadas aportando falsas pistas, algunas de las cuales han sido investigadas por la Policía. Una de las últimas “era de Colombia y nos pedían dinero, diciendo que si no matarían a mi hijo”, según ha relatado el padre, quien ha agregado que la Policía descubrió de dónde venía y que era una pista falsa.

Asimismo, un hombre con antecedentes acusado de un delito contra la integridad moral, después de que supuestamente ofreciera a los padres de Francisco Molina pistas falsas sobre su paradero aceptó en sede judicial en noviembre de 2017 una pena de seis meses de prisión y multa de unos 700 euros, tras reconocer los hechos y pedir “disculpas” por lo que hizo.

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