Multas de hasta un millón de euros para los comercios que vendan alimentos a pérdidas

Los establecimientos comerciales que vendan productos alimentarios de forma reiterada a un precio inferior a los costes de producción en España incurrirán en una falta muy grave cuya sanción está fijada entre 100.000 euros y un millón de euros.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un encuentro con la prensa tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que prohíbe la venta a pérdidas, de forma que cada operador de la cadena abonará al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción.

Planas ha explicado que la venta a pérdidas que destruye el valor en la cadena alimentaria es ahora “una infracción grave” y que, cuando se hace de forma reiterada, pasa a ser muy grave, algo que, según la ley de cadena alimentara aprobada en agosto de 2013 que este decreto modifica, incurre en una multa de hasta un millón de euros.

Pese a que el ministro ha descrito esta ley del anterior ejecutivo del PP de “muy buena”, cree que se trataba de una norma “coja”, por lo que este real decreto, una vez convalidado en el Congreso, se tramitará como proyecto de ley para que los distintos grupos parlamentarios aporten sus propuestas para mejorar la ley de la cadena alimentaria.

En concreto, el nuevo real decreto ha elevado a graves las infracciones por la no formalización por escrito de los contratos alimentarios, por no incluir el precio o la realización de modificaciones en el precio, que antes eran consideradas de leves, y ha tipificado como grave la destrucción de valor en la cadena alimentaria a través de la venta de un producto por debajo del precio de producción, que antes no se contemplaba.

Contratos por escrito

Asimismo, Planas ha insistido en que el Gobierno está trasponiendo algunos elementos de la normativa comunitaria sobre prácticas de competencia desleal en el sector, de forma paralela a cómo lo están haciendo otros países como Francia y Alemania.

Además de subrayar el papel “activo” que tienen las comunidades autónomas en la implementación de esta ley, el ministro ha hecho especial hincapié en la importancia de que se generalicen los contratos escritos en la compra y venta de productos agrícolas, lo que favorecería la aplicación de la ley.

En este sentido, el Ministerio publicará en su página web una serie de precios de referencia pero que en ningún caso jugarán un papel arbitral, sino que la valoración económica de los precios dependerá del mutuo acuerdo entre comprador y vendedor. “España es una economía social de mercado, no es en absoluto una economía planificada”, ha argumentado.

El Ministerio intenta incidir también en lo que denomina de 'ventas engañosas', es decir, las ofertas que intentan lesionar la reputación de productos concretos a través, por ejemplo, de la prolongación en el tiempo de precios muy bajos para un producto que acaban dando una imagen de que ese es su precio normal, algo que también será tipificado como grave y muy grave.