Multa de 300 euros a 6 activistas de Stop Desahucios por protestar

La plataforma recurre las sanciones ante la Subdelegación del Gobierno, a la que acusa de “defender a la banca”

Seis activistas de la plataforma cordobesa Stop Desahucios han sido multados por manifestarse sin haber pedido permiso ante la sede de Cajasur los días 15 y 18 de junio. Las sanciones han llegado por correo certificado la pasada semana. Esta mañana, los denunciados, acompañados de varias decenas de activistas de Stop Desahucios, han acudido a la Subdelegación del Gobierno de Córdoba para recurrir estas sanciones, que como mínimo les supone una multa de 300 euros.

El portavoz de Stop Desahucios en Córdoba, Rafael Blázquez, ha denunciado esta mañana que la Subdelegación del Gobierno “defiende a la gran banca” y persigue a los que están del lado de los desalojados.

Las sanciones impuestas a los activistas aseguran que no comunicaron las concentraciones a la autoridad competente, en este caso la Subdelegación del Gobierno, con al menos diez días de antelación. En las alegaciones que han presentado esta mañana en el registro de esta institución, los denunciados sostienen que es imposible comunicar una concentración de ese tipo con tantos días de antelación porque en muchas ocasiones las personas que van a ser desahuciadas se comunican con la plataforma a última hora y cuando ya se ven en una situación desesperada.

Por otra parte, los activistas denuncian que en ningún momento la Policía Nacional les solicitó la identificación y argumentan que las multas, por tanto, son “arbitrarias” ya que en esas protestas había más personas. Además, argumentan que en ningún momento sus manifestaciones han supuesto trastorno alguno, ya que incluso cuando estaban en la puerta de los bancos se dejaba entrar y salir a los clientes, y circular por la acera a los peatones. Aparte, insisten en que todas sus protestas han sido y seguirán siendo pacíficas.

Stop Desahucios confía en que estas denuncias no van a llegar a ninguna parte y finalmente van a ser archivadas. Pese a las multas, insisten en que seguirán acudiendo a protestar en los desalojos previstos sin necesidad de solicitar permiso. Por otra parte, han vuelto a hacer un llamamiento a la “desobediencia civil” y a la “objeción de conciencia” a los funcionarios que sean mandados a ejecutar un desahucio.