Urbanismo concede la licencia a la Junta para reformar la antigua Audiencia Provincial

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo concederá este miércoles el permiso de obra a la Junta de Andalucía para iniciar la reforma del edificio de la antigua Audiencia Provincial, en la plaza de la Constitución. El gobierno andaluz pidió la licencia de obras el pasado mes de enero del año 2020 y no ha sido hasta ahora cuando la Gerencia le ha dado el visto bueno a un proyecto muy complejo y laborioso.

El proyecto de reforma ha sido elaborado por el arquitecto Francisco León Olmo y los trabajos han sido encargados por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. La intención del gobierno andaluz es convertir la zona en una especie de manzana administrativa, en la que se reubiquen la mayor parte de las sedes de la Junta de Andalucía que actualmente están desperdigadas por la ciudad. Así se conseguirá ahorrar en el pago del alquiler de muchas que no son propiedad de la Junta.

Según el cálculo de la administración autonómica, el traslado de la delegación del Gobierno y el resto de las citadas delegaciones provinciales al actual edificio de la Audiencia supondrá un ahorro de 500.000 euros en alquileres de dependencias que ocupan en la actualidad. Las delegaciones provinciales que se trasladarán al edificio cuando se reforme están actualmente repartidas en distintas ubicaciones en la calle San Felipe, el edificio de San Tomás de Aquino, la calle Gondomar, la calle Manriquez o la calle Caño, entre otras.

El histórico edificio de la Audiencia Provincial lleva cerrado desde el primer semestre del año 2018. Entonces se completó la mudanza de todos los juzgados cordobeses a la Ciudad de la Justicia. El inmueble requiere de una importante inversión, ya que se trata de un edificio construido a mitad del siglo XX, que ya tenía graves problemas de equipamiento.

La Junta licitó la redacción del proyecto por 866.599 euros y un plazo de 32 meses y lo adjudicó finalmente por 527.325 euros, un 39 por ciento menos de lo presupuestado. El contrato prevé un plazo de ejecución de 32 meses.