SOS Cines de verano presenta un recurso de reposición contra la decisión del Ayuntamiento de no pujar por estos espacios

Este lunes, la plataforma ciudadana Coordinadora SOS Cines de Verano ha formalizado ante el registro del Ayuntamiento de Córdoba un recurso de reposición que busca frenar la pérdida definitiva de los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias. El colectivo impugna el Decreto de la Alcaldía número 2026/12681, fechado el pasado 22 de julio, mediante el cual el consistorio inadmitió la comunicación de transmisión de estos inmuebles, renunciando así a ejercer su derecho de tanteo y retracto para incorporarlos al patrimonio municipal.

La argumentación jurídica que sostiene el recurso es contundente al calificar la decisión del alcalde, José María Bellido, como “nula de pleno derecho” por un vicio insubsanable de incompetencia. Según detalla el escrito, Córdoba, al ser un municipio de gran población, se rige por una normativa que atribuye la competencia para la adquisición de bienes y la gestión patrimonial exclusivamente a la Junta de Gobierno Local, y no a la Alcaldía de forma unilateral, por lo que el decreto recurrido habría sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

La coordinadora denuncia que esta decisión se ha tomado prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, al carecer el expediente de los informes técnicos, jurídicos y económicos que son preceptivos para una operación de esta naturaleza. En este sentido, se resalta la ausencia de un informe pericial previo para la valoración de los inmuebles, un requisito que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales exige para cualquier adquisición a título oneroso.

La plataforma critica que la Alcaldía se ha limitado a invocar fórmulas genéricas sobre la “rentabilidad social” o el “interés público” para justificar su negativa, sin aportar datos objetivos que sustenten dicha conclusión. Además, el recurso pone de manifiesto una flagrante contradicción y falta de motivación en el criterio municipal, ya que el Ayuntamiento ha respondido de forma distinta a tres ofrecimientos similares: en 2025 rechazó una oferta de 400.000 euros alegando falta de rentabilidad; en enero de 2026 hizo lo propio con una oferta rebajada a 300.000 euros; y finalmente, en julio de 2026, optó por la inadmisión directa basándose en supuestos defectos formales de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que no apreció en las ocasiones anteriores.

Un punto clave del recurso es la denuncia de la vulneración del principio de eficiencia en la gestión del gasto público. Actualmente, el Ayuntamiento abona un canon de 99.220 euros por el arrendamiento de estos cines para el periodo 2024-2026, una cifra que demuestra “la irracionalidad económica de no haber aceptado la compra por 300.000 euros”. La coordinadora calcula que la inversión para adquirir los tres cines equivaldría apenas a tres anualidades de alquiler, lo que implica que, de seguir con el régimen de arrendamiento durante seis años, el municipio habrá desembolsado más dinero que el coste de la propiedad sin que los inmuebles lleguen nunca a formar parte del patrimonio público. Esta decisión resulta “especialmente incoherente” dado que el propio Ayuntamiento ha reconocido por escrito la necesidad y especial idoneidad de estos espacios para la programación cultural en el casco antiguo, ante la falta de otras infraestructuras escénicas en la zona.

Finalmente, el recurso advierte que el informe de patrimonio en el que se basa el decreto es incompleto, pues ignora el derecho de adquisición preferente que le corresponde al Ayuntamiento no solo por la ley de patrimonio, sino por su propia condición de arrendatario bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Por todo ello, SOS Cines de Verano solicita la nulidad de las actuaciones y exige que sea la Junta de Gobierno Local quien tome una decisión motivada tras una instrucción adecuada del expediente. En un paso más allá, la plataforma ha solicitado la apertura de un expediente informativo para determinar si las decisiones tomadas por la Alcaldía han podido ocasionar un perjuicio real y efectivo a la Hacienda municipal, exigiendo que se depuren las responsabilidades que correspondan por lo que consideran una gestión arbitraria y contraria a los intereses de la ciudad.