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El gobierno municipal estudia “tomar medidas” tras los indicios de delitos en contratos de Infraestructuras

Isabel Albás y Salvador Fuentes este lunes en el Ayuntamiento

Carmen Reina

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El gobierno municipal de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado que está estudiando el escrito de la Fiscalía que se conoció el jueves de la semana pasada, en el que trasladaba a un juzgado las diligencias en las que veía indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos del área municipal de Infraestructuras del año 2020. “Estamos analizando todos los informes para luego ver qué medidas tomamos”, ha dicho la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, al ser cuestionada sobre si se había tomado alguna decisión con las personas que la Fiscalía apunta directamente como vinculadas a los presuntos delitos: un técnico de Infraestructuras y la coordinadora general de este área.

Así, desde Ciudadanos, que es el grupo político que está al frente de Infraestructuras, cuestionados sobre si se va a proceder a realizar algún cambio en el delegado que lleva Infraestructuras, David Dorado, o los cargos del área a los que apunta la Fiscalía, Albás ha señalado que recibieron la información de la Fiscalía el jueves pasado y “estamos trabajando en ello”. Ha reiterado que están estudiando el escrito “para ver qué medidas tomamos”. En ese sentido, ha dicho que ambos cargos señalados por el fiscal están actualmente “al margen”, sin que conste que hayan sido apartados oficialmente de sus puestos.

Junto a ella, por parte de su socio de gobierno -el PP, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha puesto el foco en que ambas formaciones componen “un cogobierno” y que, en este momento, “tenemos que escuchar a Ciudadanos”, como grupo responsable del área de Infraestructuras.

“Estamos analizando los términos del escrito de Fiscalía. Esto es un cogobierno (...) Tenemos que ver el alcance que tiene, para tomar decisiones”, ha apuntado Fuentes.

La pasada semana se conocía que la Fiscalía había comunicado al juzgado las diligencias hechas a raiz de una denuncia de IU y Podemos sobre contratos de Infraestructuras realizados en el último cuatrimentes de 2020. En esos contratos, la Fiscalía observa falsedad documental, troceo de contratos, vinculaciones familiares y prevaricación, apuntando a un técnico de Infraestructuras y a la coordinadora general del área en estos hechos. Por ello, ahora se abrirá una investigación por parte del juzgado de Instrucción que corresponda para determinar todos los hechos.

Por su parte, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este lunes un decreto del propio David Dorado para realizar un informe de la contratación del Consistorio entre los años 2016 y 2020. En ese acuerdo se solicita que se haga cargo de este informe el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela.

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