Acciona, la empresa implicada en el caso Cerdán, ejecuta dos contratos públicos en Córdoba

Acciona, una de las grandes constructoras de España, investigada por presuntas mordidas en el caso Cerdán, opera en al menos dos contratos públicos en Córdoba. En el primero de ellos, firmado en julio de 2023, fue la adjudicataria para la renovación, mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento de la ciudad, en un acuerdo suscrito con la empresa municipal Emacsa cifrado en 3,6 millones de euros. El contrato tiene, en principio, una duración de tres años, según datos proporcionados por la compañía.

No es el único contrato público firmado en Córdoba por la compañía presidida por José Manuel Entrecanales. La gran constructora española, que también cuenta con una división de aguas, dirige la gestión, evolución tecnológica y procesamiento de datos del Sistema Automático Integrado de Información Hidrológica, que le fue adjudicada en 2024 por la Confederación del Guadalquivir. Al igual que el anterior, el contrato tiene una duración de tres años, y estipula el mantenimiento de equipos repartidos por la cuenca del Guadalquivir para medir las precipitaciones meteorológicas.

Además de estos dos contratos públicos, Acciona pujó por la adjudicación del primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba, que fue resuelta días atrás en favor de la UTE formada por las empresas AZVI y ACSA. La obra contaba con un presupuesto inicial de 34,5 millones de euros, rebajado a algo más de 30 millones. La firma de Entrecanales compitió con las principales constructoras del país, entre ellas ACS, Ferrovial, OHLA y San José. La primera fase incluye un tramo de 722 metros de vía más otros 900 metros de remodelación de la Ronda Oeste y tiene un plazo de ejecución de 36 meses. La Junta de Andalucía recibió hasta 21 ofertas de empresas interesadas en la adjudicación, según avanzó la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asigna un papel relevante a la empresa Acciona en la trama de mordidas descubierta en el marco del caso Ábalos-Cerdán a raíz de decenas de audios intervenidos a Koldo García, ayudante del ex ministro de Fomento. Un contundente informe de la UCO, con casi 500 folios, señala 13 contratos sospechosos por valor de 647 millones de euros, el 85% de los cuales fueron adjudicados a Acciona. La publicación del dosier implicó directamente a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, provocó el cese fulminante de Santos Cerdán y desencadenó una tormenta política de alto voltaje en el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.

Acciona gestiona en Córdoba el mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento

La UCO sospecha que la relación entre Santos Cerdán y Acciona ya venía urdida desde Navarra, donde la constructora mantenía alianzas mercantiles con Servinabar 2000, el 45% de cuyas acciones pertenecían al ex secretario de Organización, según sostiene la Guardia Civil. Cerdán habría introducido años más tarde a Acciona en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, en cuyo departamento se produjeron la mayoría de las mordidas. El escándalo obligó a Entrecanales a entregar la cabeza de un alto directivo de la compañía, después de que su nombre apareciera comprometido en los audios de Koldo.

No es la primera vez que Acciona se asocia a un caso grave de corrupción. Ya fue una de las empresas que figuraban en los papeles de Bárcenas como donante de la caja B del PP. Casi todas las grandes constructoras españolas pasaron por ventanilla para inyectar dinero negro a cambio presuntamente de adjudicaciones públicas. De hecho, el Tribunal Supremo condenó al PP como responsable civil subsidiario por beneficiarse de la financiación irregular del partido. Punto y aparte ha sido el destino procesal de las grandes empresas. Pese a que se acreditó la naturaleza ilegal de las donaciones, no se dictaron condenas penales contra sus propietarios.

Pero hay más. La firma que preside Entrecanales tiene a nada menos que ocho empleados procesados en el conocido como caso Acuamed, una trama de manipulación de precios en contratos públicos vinculada a la desaladora de Torrevieja. Y fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción por su implicación en sobornos al gigante brasileño Odebrecht. También resultó involucrada en el caso Plaza, donde tuvo que pagar 60 millones de euros al Gobierno de Aragón para zanjar su responsabilidad civil subsidiaria. O en el caso Azud de Valencia.

Aunque el asunto más llamativo de todos ellos fue la multa millonaria que recibió de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber constituido un cártel con las 5 constructoras más influyentes de España para repartirse contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado durante nada menos que 25 años. La CNMC impuso una dura sanción de 203,6 millones de euros a Acciona, Sacyr, Ferrovial, Dragados y FCC por haber “alterado el proceso competitivo de las licitaciones de construcción e infraestructuras”.

Según acreditó la CNMC, las seis compañías se reunían semanalmente desde 1992 para analizar las licitaciones de obra pública, repartírselas de forma coordinada y adulterar las reglas de la libre competencia. El cártel cesó en su actividad ilícita en 2017. Es decir, un año antes de que José Luis Ábalos aterrizara en el Ministerio de Fomento. La sanción impuesta por la CNMC incluía además la prohibición de contratar con la administración pública. Acciona interpuso un recurso contencioso administrativo y la Audiencia Nacional lo inadmitió. Ahora será el Tribunal Supremo quien valide o anule el castigo de la CNMC contra una práctica que revela la manipulación sistemática de la contratación pública, que mueve cada año en España más de 160.000 millones, el 11,5 del PIB.

Pese a esta cascada de anomalías, la multinacional Acciona, al igual que las grandes constructoras del país, sigue contratando con la administración pública con plena normalidad. La laxitud de la ley, y en algunos casos la impunidad, han avivado estas semanas el debate sobre la responsabilidad de las empresas corruptoras, que muy a menudo esquivan la acción de la justicia. La dificultad de demostrar la conexión entre donación y adjudicación pública, así como el ejército de eficientes abogados que protegen a los influyentes directivos del IBEX, acaban librando a las multinacionales en gran parte de los procedimientos penales.

Algunas voces, sin embargo, insisten en estrechar las medidas legales y administrativas para eliminar las zonas de impunidad en que se mueven habitualmente las empresas corruptoras. Tanto Jueces para la Democracia como algunos socios del Gobierno solicitan reformas urgentes para limitar la contratación pública con firmas adjudicatarias que hayan adulterado las reglas de juego.

Acciona facturó en 2024 más de 19.000 millones de euros, un 12,7% más que el año anterior, y una cifra récord en el historial de la compañía. Su beneficio neto ascendió a 422 millones. La división de infraestructuras generó más de 8.000 millones de facturación, buena parte de ellos procedentes de negocios fuera de España. En los últimos cinco años, la constructora de la familia Entrecanales habría facturado más de 1.300 millones con administraciones del Estado, la mayoría con el Ministerio de Transportes. En Andalucía, mantiene una importante actividad mercantil en Jaén, Granada, Almería, Málaga y Sevilla, principalmente. El ciclo integral del agua, la alta velocidad, comunicaciones y energía son las áreas más dinámicas de Acciona en la comunidad autónoma.