Denuncian una “oleada” de ocupaciones de chalets en la zona de Sansueña-Calasancio

Los vecinos de la zona de Sansueña y Calasancio han denunciado una “oleada” de ocupaciones de chalets y casas, acrecentado durante los meses de verano. La última entrada ilegal se ha producido durante el puente de agosto, aunque los vecinos tienen identificadas hasta cinco viviendas que han sido ocupadas en los últimos meses.

Los residentes de la zona han comenzado a organizarse ante lo que empieza a parecerles un comportamiento sistemático. “En los últimos meses se ha agravado. Solo en un paseo por la zona hemos descubierto cinco puntos que han sido ocupados”, cuenta a este periódico un vecino, que prefiere permanecer en el anonimato.

Los seis puntos son los siguientes: en la calle Arquitecto Juan Ochoa se han ocupado dos viviendas; en la calle Saldaña, una; en la calle Maestre Escuela, otra; y la última en la calle Antonio Bejarano Nieto.

Esta última es una vivienda propiedad de un fondo de inversión llamado Teana Investments. Fue ocupada en la madrugada del pasado día 13 de agosto, según detallan los vecinos, que han advertido que, en apenas unos días, han logrado tener suministro eléctrico y de agua (desconocen si de manera legal), al tiempo que han comprobado que la casa contaba con un sistema de videovigilancia que, aparentemente, fue burlado para entrar.

Al igual que en otras ocasiones, los vecinos llamaron a la Policía Nacional que, siempre según las fuentes consultadas, señaló a su llegada a la casa que ya no podían hacer nada al haber introducido los ocupas “una bicicleta, un colchón y una mochila” en la vivienda.

En cuanto al fondo de inversión propietario del inmueble (que está siendo anunciado para su compra por valor de 675.000 euros), según los vecinos, se ha limitado a pasar este incidente al departamento de ocupaciones. Además, las fuentes consultadas recuerdan que dicha vivienda ya fue ocupada hace dos años temporalmente.

Ante la situación y con el convencimiento de que su situación se repite en otras zonas de la Sierra de Córdoba y El Brillante, los residentes piden amparo tanto a la Policía como al Ayuntamiento de Córdoba, al que reclaman un plan contra las ocupaciones ilegales.