Concejales del PSOE y Hacemos piden un informe sobre el desestimiento a la compra de los cines de verano por el Ayuntamiento
Los concejales de los grupos de la oposición, PSOE y Hacemos Córdoba, han registrado este martes, 18 de agosto de 2026, una solicitud formal dirigida a la Secretaría General del Pleno. Los ediles reclaman la emisión de un informe jurídico complementario que determine con exactitud qué órgano municipal —si el Pleno, la Junta de Gobierno Local o la Alcaldía— ostenta la competencia legal para renunciar a los derechos de tanteo y retracto, así como para declarar la inadmisión de los mismos en relación con los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias. Esta petición de la oposición se suma a la presión jurídica iniciada apenas un día antes por la plataforma ciudadana Coordinadora SOS Cines de Verano, que este lunes presentó un recurso de reposición contra el decreto de la Alcaldía que frenó la adquisición de estos espacios.
La iniciativa de los grupos de la oposición se fundamenta en la existencia de “dudas jurídicas fundadas” sobre la tramitación de los expedientes y la competencia orgánica para dictar los actos de renuncia. Los concejales denuncian una falta de transparencia por parte del equipo de gobierno, señalando que el pasado 19 de junio ya se solicitó un informe jurídico y el expediente técnico que motivó la renuncia al derecho de retracto por un importe de 300.000 euros, sin que hasta la fecha se haya recibido dicha documentación.
Según el escrito presentado, esta situación se agrava ante la acumulación de informaciones contradictorias y las declaraciones públicas realizadas por el alcalde, José María Bellido, sobre la viabilidad de la operación. El documento también menciona los antecedentes de 2025, cuando se rechazó un primer ofrecimiento por 400.000 euros, y el reciente decreto de julio de 2026 que inadmitió una nueva comunicación de transmisión alegando supuestos defectos formales.
La argumentación de los concejales de PSOE y Hacemos Córdoba refuerza las tesis de la Coordinadora SOS Cines de Verano, que en su recurso de reposición califica la actuación del alcalde como “nula de pleno derecho”. La plataforma sostiene que, al ser Córdoba un municipio de gran población, la competencia para la adquisición de bienes inmuebles y la gestión patrimonial recae exclusivamente en la Junta de Gobierno Local, por lo que el alcalde carecería de atribución legal para decidir unilateralmente la renuncia a estos espacios. Además, el colectivo ciudadano ha puesto el foco en la ausencia total de informes periciales previos para la valoración de los bienes, un trámite que consideran esencial para formar la voluntad administrativa y que habría sido omitido en favor de invocaciones genéricas a la “rentabilidad social”.
Un aspecto crítico que une la petición de los concejales con el recurso de la plataforma es la posible vulneración del principio de eficiencia en la gestión del gasto público. Actualmente, el Ayuntamiento satisface un canon de 99.220 euros por el alquiler de estos tres cines para el periodo 2024-2026. La coordinadora subraya que, dado que el precio de venta ofrecido era de 300.000 euros, la compra habría equivalido a tan solo tres anualidades de alquiler, por lo que mantener el arrendamiento a largo plazo supondría un desembolso superior al coste de propiedad sin que los inmuebles lleguen a integrarse nunca en el patrimonio municipal. Ante estos hechos, la plataforma ha solicitado formalmente la apertura de un expediente informativo para determinar si estas decisiones han podido ocasionar un perjuicio real y efectivo a la Hacienda municipal, una preocupación que ahora comparten los grupos de la oposición al exigir que la Secretaría General aclare si el procedimiento seguido se ha ajustado a derecho.
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