Colectivos cordobeses se manifestarán este jueves contra el abuso de las eléctricas

Diferentes colectivos del espectro asociativo cordobés han convocado una manifestación para condenar los abusivos e injustificados incrementos del precio del suministro de energía eléctrica que este verano se han acentuado, llevando el megavatio hora muy por encima de los 150 euros de forma reiterada. 

La manifestación tendrá lugar el jueves día 30 de septiembre con salida a las 19,30 horas desde la glorieta de las ciudades Hiroshima y Nagasaki, en el parque de los Patos, y finalizará en la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Los organizadores sostienen que el incremento de precios del suministro de energía eléctrica no responde a lógica de mercado alguna, sino a una estrategia del lobby energético para provocar subidas del suministro de forma artificial. 

Los colectivos convocantes rechazan rotundamente las justificaciones defendidas por el lobby achacando la subida de precios al incremento del precio del gas y de los derechos de emisiones de CO2. Esta circunstancia, podría justificar el precio de la energía suministrada por este tipo de centrales, pero la realidad es que, por una irracional regulación del mercado eléctrico, estos precios alcanzan también a la energía suministrada por las centrales nucleares, las renovables y la hidráulica, que se encuentran de esta manera con lo que de forma muy descriptiva en el sector de la energía se conoce como “beneficios caídos del cielo”.

Los convocantes señalan que la descomunal subida de precios que se está repitiendo, solo puede ser atribuida a la voracidad de un sector que defiende el libre mercado, pero que no se regula por la ley de la oferta y la demanda, ya que incrementa sus precios incluso en periodos de inferior consumo, como los fines de semana.

De esta manera, defienden que para evitar que esta situación se repita es necesaria una intervención inmediata y contundente del gobierno de España, al que exigen la adopción de medidas que impidan que sectores estratégicos de la economía estén ajenos al control del estado, y de manera inmediata:

Entre estas se encuentran la regulación del mercado eléctrico para evitar estos abusos, la fijación de precios máximos a la energía procedente de centrales hidroeléctricas, una energía que usa un bien público —el agua— y cuyas infraestructuras están prácticamente amortizadas en la mayoría de los casos. Además del establecimiento de precios fijos a la energía suministrada por las centrales nucleares o la creación de una empresa pública de energía que pueda intervenir en el sector arbitrando y moderando los precios.