INFRAVIVIENDA

Unas 360 personas, un tercio de ellas menores, viven en infraviviendas en Córdoba

Más de 360 personas, un tercio de ellas menores, viven en infraviviendas en la ciudad de Córdoba, donde el Ayuntamiento tiene localizados casi una veintena asentamientos charolistas, dos naves ocupadas y algunas viviendas en alquiler con malas condiciones.

Este es el diagnóstico sobre la infravivienda que incluye el plan ‘Agenda Córdoba 2030’, que incluye los principales retos que afronta la ciudad para la próxima década. Este plan, elaborado durante el presente mandato y pendiente de aprobación, ha realizado un recuento de la población que vive en la ciudad en infraviviendas.

Así, conforme al recuento de población realizado en Córdoba, a finales de 2020 residían en infraviviendas 126 unidades familiares. En total son 368 personas, de las cuales 250 son adultas y 118 menores, que residen actualmente en 18 asentamientos chabolistas, 3 naves ocupadas y 2 viviendas de alquiler. 

Para atajar este problema, el plan advierte de que Córdoba debe velar por la existencia de una oferta de vivienda que garantice el acceso a la misma por parte de todos los sectores de la sociedad. Este aspecto debe de ser prioritario en el modelo de ciudad y contemplarse como un objetivo de cohesión social y equidad, centrándose en los colectivos más vulnerables, en las personas mayores y en los jóvenes, e incorporando soluciones a los problemas de chabolismo, infravivienda y “sin hogarismo”, así como a los desahucios. 

Las actuaciones, sigue el plan, deben centrarse en el impulso del alquiler, tanto en vivienda libre como social, y la puesta en uso de viviendas vacías. Otro aspecto importante es la rehabilitación del parque de viviendas, de forma que se aseguren condiciones de habitabilidad y confort de los sus ocupantes.

Esto debe hacerse con criterios de accesibilidad para las personas mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida; eficiencia energética y sostenibilidad para ahorro de energía y uso de energías limpias, abordando el problema de la pobreza energética con medidas sociales vinculadas a asegurar los suministros básicos; prevención de la problemática de la gentrificación y de las viviendas de uso turístico; y el fomento del uso de materiales sostenibles. 

Además, establece como principales retos en este ámbito: ampliar y mejorar la oferta de vivienda pública en la ciudad, especialmente del parque de vivienda social para alquiler, y adoptar nuevos conceptos en su desarrollo como la construcción sostenible, los sistemas de tenencia o alquiler alternativos, oferta de vivienda social para jóvenes, recuperación de viviendas en zonas a revitalizar como el casco histórico, etcétera.

Asimismo, propone trabajar en línea con el nuevo Plan Estatal de Vivienda y las nuevas ayudas públicas destinadas a la construcción de vivienda social.