Justicia nombra cuatro refuerzos para los juzgados de Montoro, Posadas y el Penal 4 de la capital

La Consejería de Justicia ha nombrado cuatro refuerzos para los juzgados de la provincia de Córdoba que cuentan con una alta carga de trabajo cumpliendo así con el compromiso del vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de apoyar con más personal aquellas jurisdicciones más saturadas.

Así, tras las necesidades detectadas en el servicio, la dirección general de la Oficina Judicial y Fiscal ha autorizado la incorporación de cuatro interinos más que se sumarán a los otros 25 -cuatro auxilios, un gestor y 20 tramitadores- que ya están apoyando el trabajo en distintas sedes judiciales de la provincia.

En concreto, se ha aprobado una plaza de auxilio judicial en el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, debido a la carga laboral que presenta al igual que sucede en el juzgado número 2 de Montoro donde se incorpora un interino a una plaza de tramitador procesal y administrativo.

Igualmente, se sumará un tramitador procesal y administrativo en el juzgado número 1 y un gestor procesal y administrativo al juzgado número 3 de Posadas, que registran una importante carga de trabajo desde hace meses.

Inicialmente, estos interinos se mantendrán en sus respectivos puestos en los juzgados de la provincia cordobesa hasta el 31 de diciembre, fecha en la que se “evaluará la continuidad” y la distribución de los mismos.

Estos refuerzos en el personal de las sedes judiciales son una muestra del compromiso de la Consejería de Juan Marín para tener una Justicia cada vez más cercana para los ciudadanos y acortar los tiempos en la resolución de conflictos.

Estos interinos, 29 en total en Córdoba, se unen a los refuerzos de los juzgados con competencias en violencia de género, así como las Fiscalías de esta materia y las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) a los que se incorporaron 14 interinos desde el pasado mes de junio. Una medida que ha sido financiada con 3,1 millones de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.