La Junta tenía 10 expropiaciones listas antes de la suspensión de la ley

Elena Cortés demanda al presidente del Gobierno o alguno de sus ministros que “dé la cara” y explique porqué ha “perpetrado” el recurso ante el Tribunal Constitucional

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, tenía preparadas y listas para su publicación en el BOJA la expropiación temporal de otras diez casas en las que sus inquilinos iban a ser desahuciados por los bancos. La propia consejera, Elena Cortés, ha sido la que ha dado esta cifra (en el conjunto de Andalucía eran 200 las familias) el día después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido cautelarmente tres artículos de la Ley de la Función Social de la Vivienda tras el recurso “perpetrado” por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En Córdoba, hay cinco familias que sí que se han visto beneficiadas con esta Ley en la que la Junta había expropiado temporalmente las casas en las que viven a los que hoy son sus propietarios, los bancos, pero cuyo futuro ahora es incierto. Cortés aseguró que su Consejería lo que va a hacer es enviar a los juzgados que están tramitando los desahucios un escrito en el que le anuncian que la Junta ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta suspensión cautelar.

De hecho, la consejera cordobesa ha anunciado hoy mismo la presentación “inmediata” de este recurso y la petición a los jueces del Constitucional para que no tarden los cinco meses que tienen de plazo para resolver. También, Cortés ha asegurado que entre los argumentos para solicitar que no se suspenda cautelarmente la ley hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad está que se dejan desprotegidas a las familias ante los bancos. También que en Cataluña sigue en vigor una ley para que los ayuntamientos puedan sancionar a los propietarios de viviendas vacías muy similar a la normativa andaluza y que ésta no ha sido llevada al Tribunal Constitucional.

Cortés se mostró muy crítica con la actitud de los gobernantes del PP, de quien dijo que se han puesto “del lado de los especuladores” y no de la gente. Además, instó al presidente o a alguno de sus ministros a que “den la cara” para explicar porqué han recurrido la ley andaluza.

Por otra parte, la consejera ha realizado un llamamiento público a las familias en riesgo de desahucio para que “acudan a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda”, que en su primer año de funcionamiento han contribuido a evitar más de 3.261 desahucios en Andalucía, más de 270 de ellos en Córdoba. “Nos vamos a poner de su parte y a ayudarles a mantener su vivienda”, ha señalado Cortés.

“Vamos a continuar luchando contra los desahucios con todas las herramientas a nuestro alcance, apurando al máximo nuestras competencias”, ha señalado Cortés, que ha recordado que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra diversos preceptos de la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda supone que momentáneamente la Consejería no puede realizar expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social ni tampoco sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras.

“A pesar de que el Gobierno haya forzado por las bravas la paralización cautelar de la Ley, sin aportar ni un solo argumento jurídico solvente, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos”, ha señalado la consejera, que ha recordado que las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda constituyen “una herramienta útil y eficaz de la Consejería para evitar desahucios”.

NUEVOS PUEBLOS ADHERIDOS AL PLAN DE LA VIVIENDA

La consejera ha firmado hoy en Córdoba la adhesión de 12 ayuntamientos de la provincia al Programa, concretamente Aguilar de la Frontera, Dos Torres, Iznájar, Luque, Moriles, Santaella, Valsequillo, El Viso, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba, Zuheros y Cabra, además de la Mancomunidad de Municipios Cordobeses del Alto Guadalquivir. En total, ya se han adheridos al Programa 44 ayuntamientos de la provincia, y 251 en toda Andalucía. “El bloque institucional contra los desahucios, que complementa al bloque social, es cada vez más fuerte”, ha señalado Cortés, que ha agradecido a los alcaldes firmantes su “compromiso y rebeldía”.