La Junta simplificará las trabas administrativas y agilizará los plazos de respuesta a empresas

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha anunciado este viernes en Córdoba que la Administración autonómica simplificará “trabas administrativas y burocráticas” a partir de septiembre y agilizará los plazos de respuesta a las empresas.

En rueda de prensa previa a una reunión con empresarios cordobeses a los que ha trasladado los primeros pasos del Gobierno andaluz para modificar la normativa de proyectos estratégicos, Bravo ha explicado que en la misma les iba a exponer los primeros resultados del grupo de trabajo de simplificación y eliminación de trabas regulatorias y administrativas en el ámbito industrial, que ha analizado 70 normas y procedimientos que afectan a más de 640.000 expedientes, y cuyo objetivo final es reducir el tiempo de respuesta de la Administración.

En la mencionada reunión, celebrada en la sede de Cajasur y a la que han acudido también representantes de asociaciones empresariales, han participado, igualmente, el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo; el viceconsejero de Hacienda, Jorge Ramírez; el secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y la directora general de Patrimonio, Myriam del Campo.

En este contexto, Bravo ha destacado que la Junta tramitará el próximo mes de septiembre una norma con rango de ley para la simplificación y el impulso de la industria andaluza, que implicará cambios en la regulación que afecta a varias consejerías, entre ellas, las de Hacienda, Industria y Energía; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; de Salud y Familias, y de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio.

El Gobierno andaluz, según ha añadido, simplificará normas en materia medioambiental y de salud, haciendo “un mayor hincapié en el ámbito de medio ambiente, donde hemos encontrado más de 4.300 expedientes paralizados”, según ha indicado el consejero, quien se ha marcado el objetivo de cumplir los plazos de respuesta previstos, ya que hasta ahora aquellos proyectos que tenían un plazo de resolución de tres meses, finalmente se alargaba más de un año, y los que debían resolverse en seis meses se prolongaban más allá de dos años.

Estos cambios afectarán a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, a la Ley de Salud Pública de Andalucía y a la Ley de Aguas de Andalucía, que en determinadas disposiciones y artículos se van a equiparar a las normas estatales y sectoriales, mientras que en el ámbito de urbanístico se van a revisar los procedimientos de implantación sobre suelo no urbanizable de infraestructuras de interés general, previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El consejero ha aclarado que no se trata, en ningún caso, de desregulación, sino de simplificación, y eso en el caso de que la regulación de la comunidad presente duplicidades. Además, se mejorará la regulación industrial en ámbitos en los que la normativa estatal está suficientemente desarrollada.

Entre las nuevas medidas que van adoptar, el Gobierno andaluz reformulará la normativa que regula la declaración de aquellas iniciativas empresariales que por su elevado volumen de inversión y de creación de empleo, entre otros criterios, se consideran proyectos de interés estratégico para la comunidad andaluza.

En este punto, Bravo ha señalado que los anteriores gobiernos aprobaron la Ley 4/2011 de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico, en la que se trataba de establecer un marco de tramitación preferente para iniciativas de especial relevancia, pero que no ha cumplido el fin para el que estaba previsto.

De esta manera, la futura norma recogerá una definición más clara y directa de los fines que se persiguen con los proyectos de interés estratégico y a qué requisitos debe responder en términos como la inversión, el empleo o el impacto social o de vertebración del territorio. También debe determinar qué procedimientos debe contemplar, para la agilización y aceleración de su desarrollo, así como el cronograma preciso de la tramitación de los permisos.

Entre las ventajas que incluirá esta nueva regulación sobre proyectos estratégicos se encuentra la inclusión de un mecanismo de interlocución única entre la Administración andaluza y las empresas, a través de un 'project manager'. Se trata de equipos de empleados públicos que van a trabajar como interlocutores directos de la Junta de Andalucía.

El objetivo, según ha subrayado el consejero, “es evitar que tengan que pasar por cada consejería y acelerar los procedimientos para responder lo más rápido posible”. De esta manera, “se da respuesta a lo que los empresarios nos venían pidiendo: simplificación de trabas administrativas y burocráticas, mejor interlocución con la Junta y reducción de impuestos”, que, según ha avanzado, “continuará en 2020”.

Los 'project manager' serán funcionarios y empleados públicos de la Junta que deberán tener un conocimiento minucioso y exhaustivo de la normativa industrial y ambiental, y que tendrán que informar del estado de los proyectos ante el propio Consejo de Gobierno, dando cuenta del estado de tramitación de cada iniciativa y de la razón por la que se ralentiza una inversión, bien sea por causas imputables a la empresa, o bien a la Administración.