La Junta señala que ya existe expediente sancionador por el vertido de orujo

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco de Paula Algar, señaló este miércoles que su Delegación “inició el correspondiente procedimiento sancionador, que depura las responsabilidades, contra la entidad Oleícola El Tejar” a raíz del vertido de orujo del pasado mes de junio al río Guadalquivir. El residuo se produjo en Pedro Abad y se extendió hasta la capital cordobesa.

En declaraciones a Europa Press, Algar reaccionó así después de que el Gobierno central, en respuesta escrita a preguntas sobre ello del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, haya anunciado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) intervino para mitigar el daño provocado por el vertido. Un suceso que provocó “un daño a la calidad de las aguas cifrado en 244.050 euros y la mortandad de organismos acuáticos, recogiéndose 6,3 toneladas de cadáveres de peces”.

El Ejecutivo central también indicó que la Junta tiene que emitir sus propios informes de evaluación del daño provocado a la flora y fauna acuícola. A este respecto el delegado de Medio Ambiente afirmó que, precisamente, la apertura del referido expediente sancionador es consecuencia de “los hechos producidos por el vertido accidental de agua de una de las balsas de orujo” de la citada empresa, por “haber afectado la salvaguardia de los bienes jurídicos protegidos de la flora y fauna, el espacio natural protegido del Monumento Natural de los Sotos de la Albolafia, y la protección ambiental de la zona”.

Algar señaló que “se ha notificado el acuerdo de inicio de dicho procedimiento sancionador a la empresa”, y que se está continuando con los trámites administrativos correspondientes. En este sentido, detalló que “se han contemplado en el citado acuerdo de inicio de expediente una serie de obligaciones pecuniarias y no pecuniarias, para el resarcimiento del daño causado”.

Asimismo, según subrayó el delegado de Medio Ambiente, “se han calificado inicialmente los hechos acaecidos como muy graves”. “Sin perjuicio, por supuesto, de lo que resulte de la instrucción y resolución del correspondiente procedimiento”, añadió.

Por último, Algar reiteró que “desde un principio, la Junta de Andalucía ha actuado en el ejercicio de sus competencias”. “Sin intervenir en el ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la administración responsable del dominio público hidráulico”, concluyó.